Los inversores en altcoins como solana (SOL), cardano (ADA) y BNB, el token nativo de la BNB Chain, deben seguir de cerca el debate sobre la propuesta legislativa citación Innovación Financiera Responsable (Ley RFI).
Esta iniciativa podría establecer una distinción esencia en Estados Unidos al clasificar a los criptoactivos, incluido bitcoin (BTC), en dos categorías: títulos (títulos) o activos auxiliares, lo que tendría implicaciones significativas para su regulación y uso.
Según el tesina de ley, los activos auxiliares se definen como intangibles y comercialmente fungibles (poco parecido a materias primas –productos básicos– digitales) que se ofrecen, venden o distribuyen en relación con un arreglo de inversión. Y como ya fue reportado por CriptoNoticias, bitcoin es un válido candidato para ser clasificado en esta categoría oportuno a su naturaleza descentralizada y marcha de un originador central.
Sin retención, altcoins como solana, cardano y BNB tendrían que sobrevenir por un proceso de acometividad frente a la Comisión de Bolsa y Títulos (SEC) que se convertiría en el regulador principal.
Ganar la clasificación como un activo auxiliar eximiría a los proyectos de las pesadas regulaciones de títulos. Los originadores de activos auxiliares (quienes inicialmente ofrecen, venden o lo distribuyen) podrían incluso presentar una autocertificación frente a la SEC, respaldada por evidencia, que acredite que el activo no otorga derechos financieros que lo descalifiquen de este renglón.
Y si la agencia no lo refuta en 60 días, ganaría un status de relativa seguridad jurídica. Aunque, no se proxenetismo de una vía vacuo porque aún, sus fundadores o emisores, tendrían que cumplir con requisitos de divulgación periódica, aunque menos estrictos que los de un seguridad.
Según la Criptopedia, la corporación de educación sobre Bitcoin de CriptoNoticias, los títulosconocidos en castellano como títulos de valía, son instrumentos financieros negociables.
Se proxenetismo de una categoría que albarca todos los activos negociados en bolsas de títulos, firmas de corretaje y mercados financieros. Su característica principal es la expectativa de suscitar ganancias derivadas, principalmente, de los esfuerzos de un tercero.
Ser clasificado como un valía implica cumplir con las estrictas regulaciones establecidas en las leyes de títulos de los Estados Unidos, como la Securities Act de 1933 y la Securities Exchange Act de 1934, normativas vigentes desde hace más de 90 abriles.
Solana y Cardano ¿securities o activos auxiliares?
Alcanzar la clasificación como activo auxiliar será un objetivo esencia para los proyectos del ecosistema de los activos digitales que se enfocan en ser descentralizados.
En el caso de Solana y Cardano, uno y otro son proyectos que podrían demostrar su descentralización. Esto oportuno a que cuentan con validadores y una comunidad activa, no por una única entidad central.
No obstante, la SEC podría cuestionar los esfuerzos de los fundadores de Solana para demostrar que su tesina es descentralizado. Esto se debe, en gran medida, a las críticas recurrentes sobre el nivel de descentralización de la red.
Por ejemplo, en un incidente nuevo, SOL enfrentó una vulnerabilidad que podría deber comprometido los fondos de los usuarios, la cual fue resuelta de modo discreta. Las correcciones se realizaron en privado, lo que generó malestar entre los participantes del ecosistema por la errata de transparencia y su posible impacto en la descentralización, según informó CriptoNoticias.
En ese momento, quedó algunos datos señalaban que cuatro principales validadores de Solana controlan cerca del 80% de SOL en stakinglo que facilita decisiones unilaterales y refuerza la queja sobre la centralización de aquellos participantes.
Sin retención, otros arrojadores de datos apuntaban que de los 1.300 validadores de Solana, plataformas como Helius, Binance Staking, Galaxy y Coinbase eran las que ostentaban los mayores porcentajes de staking de SOL, y cada uno de ellos representando entre el 2% y 3% del total de SOL en staking.
Por ello, es preciso esperar que la SEC analice los datos que puedan aportar los fundadores del tesina para conocer si solana clasifica como un activo auxiliar, siempre que la iniciativa RFI se convierta en ley.
Por otro banda, la SEC podría argumentar que sus ventas iniciales de tokens o el papel continuo de sus fundaciones (Solana Foundation o IOHK) constituyen un «arreglo de inversión». Si este fuera el caso, enfrentarían requisitos de divulgación, aunque adaptados y menos onerosos.
En cambio, cardano podría tener un camino más liviana a la hora de clasificar como un activo auxiliar. Eso si la SEC aprueba el proceso que el tesina inició el en diciembre del año pasado, buscando consolidar la descentralización de la red.
Desde aquel momento, su maniquí reduce la dependencia de las entidades fundadoras (IOHK, Fundación Cardano y EMURGO), que previamente dominaban las decisiones, y empodera a los usuarios para influir en el futuro de Cardano a través de la delegación de votos o billete directa. La transición, iniciada con la Era Voltaire, examen avalar la sostenibilidad y el liderazgo comunitario de la red.
Para miembros de la comunidad, Cardano apunta a la descentralización, tanto así que ADA está considerado como activo para las reservas digitales de EE. UU., así como incluso SOL y XRP.
BNB atrapado bajo las sombras de Binance
El caso de BNB es mucho más complicado y arriesgado. A diferencia de solana y cardano, su destino está íntimamente mezclado al de Binance, el exchange de criptomonedas centralizado más ínclito del mundo.
En caso de que la empresa busque la clasificación de BNB como activo auxiliar, la SEC podría argumentar fácilmente que el valía de este activo depende directamente de los esfuerzos gerenciales del exchange.
Su utilidad (descuentos en comisiones, llegada a productos) está anclada al éxito y las decisiones de Binance y en ese caso, claramente clasificaría como un seguridad. Esta conexión centralizada es precisamente lo que la ley examen diferenciar de un activo auxiliar y es el argumento central en las demandas que la SEC ya tiene contra Binance.
Si BNB es evidente un valía, las consecuencias podrían ser severas. Esto oportuno a que Binance enfrentaría requisitos de registro y divulgación estrictos para su criptomoneda, lo que podría cercar su operatividad en EE. UU., disparar sus costos y suscitar una gran incertidumbre en el mercado.
En todo caso, si Binance logra convencer a los reguladores de que la utilidad de BNB reside en la red descentralizada (BNB Smart Chain) y no en la empresa, podría aspirar a ser un activo auxiliar. Sin retención, su desafío para demostrar la descentralización y terminar con las obligaciones de divulgación es inmensamente veterano que el de sus competidores.
Como puntos fuertes, en procura de incluir a BNB en la categoría de activo auxiliar, Binance podría presentar el argumento de que la BNB Chain posee funciones que ayudan a distribuir el poder en su comunidad. Por ejemplo, los poseedores de BNB pueden participar en la gobernanza de la red al sufragar sobre decisiones importantes, como la referéndum de validadores y la modificación de parámetros de la red.
De esa modo fomenta un sentido de propiedad y billete entre los usuarios, lo que es un principio fundamental de la descentralización. Asimismo, aunque la red tiene un número constreñido de validadores, estos son seleccionados en función de la cantidad de BNB que tienen en staking. Esto permite que diferentes participantes puedan convertirse en validadores, promoviendo así la multiplicidad y la descentralización en la acometividad de transacciones.
Más allá de ello, hay que tener en cuenta que la Ley de Innovación Financiera Responsable no proxenetismo a todas las criptomonedas por igual. En su núcleo, premia la descentralización. Pero todavía debe atravesar por un generoso proceso para convertirse en ley.
En sí la propuesta de Ley RFI debe seguir un proceso asamblea riguroso que habrá que ver si logra sobrevenir. Tras su presentación como paño por el Comité Bancario del Senado, será debatido y potencialmente enmendado en el comité antaño de someterse a votación en el pleno del Senado.
Si se aprueba, pasará a la Cámara de Representantes, donde podría armonizarse con propuestas como la Ley CLARITY o enfrentarse a modificaciones en un proceso que puede padecer meses o incluso abriles para ser aprobada por el presidente de Estados Unidos.
