La Ley de Mercado de Criptoactivos (MiCA) ya está en vigor en la Unión Europea, incluyendo a España, para regular el mercado de las criptomonedas. Esta reglamento marca un hito en la admisión y regulación de los activos digitales en el remoto continente, sobre todo en el país ibero, donde ya existe toda una civilización regulatoria para este sector.
Esta regulación comenzó a aplicarse desde el 30 de diciembre de 2024. Con MiCA, la UE pretende homogeneizar las reglas del distracción para el mercado de bitcoin (BTC) y las criptomonedas, lo que facilita la admisión de estas tecnologías al ceñir las incertidumbres legales.
Por esta norma, los exchanges de bitcoin que operan en España y los demás países de la UE son objeto de nuevas obligaciones. Ello, ya que la ley establece un situación regulatorio que rebusca proporcionar seguridad jurídica y protección a los inversionistas, así como fomentar la innovación en este sector.
¿Qué dice de la tributación de criptomonedas en España?
Ahora correctamente, MiCA no introduce cambios en la tributación personal por el uso de criptomonedas en España, ni siquiera en otro país de la UE. Esto es así, ya que la reglamento no aborda la fiscalidad y solo se centra en la regulación de los mercados y servicios de criptoactivos.
Según Jesús Lorente, socio y director de la consultora CL Cripto, “vamos a seguir exactamente igual” en cuanto a la tributación personal por el uso de bitcoin y otros criptoactivos en España.
Esto se debe a que, aunque alpargata buena parte del ecosistema, la reglamento de la UE no modifica las leyes fiscales existentes y, luego, la tributación de las criptomonedas en España (y los otros 26 países del coalición) sigue siendo regida por la reglamento fiscal doméstico. En el caso del país ibero, bajo las directrices de la Agencia Tributaria Española (AEAT).
Para los usuarios españoles, esto significa que no habrá cambios en su obligación de determinar y fertilizar impuestos por las ganancias obtenidas con criptomonedas. Poco que está en vigor desde hace primaveras, con leyes que obligan a los contribuyentes a determinar por sus actividades con criptomonedas.
La fiscalidad de las criptomonedas en España sigue estando sujeta principalmente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las ganancias obtenidas a través de la adquisición, traspaso o intercambio de criptomonedas. Asimismo existe el Impuesto sobre el Patrimonio, que se paga si el patrimonio neto del inversionista supera los 700.000 euros, incluyendo las tenencias en criptoactivos.
El maniquí 721, por su parte, se utiliza para determinar tenencias de criptomonedas en el extranjero si superan cierto comienzo.
En MiCA no se añaden nuevas obligaciones fiscales, ni siquiera modificaciones o incluso menciones a estas prácticas ya establecidas. Ni para España, ni para ningún de los países de la UE.
“Desde el punto de paisaje de fiscalidad de criptomonedas, no nos afecta para cero. A una empresa inversora, siquiera. Es afirmar, no afectará desde el punto de paisaje fiscal ni contable”, afirmó Lorente a CriptoNoticias, quien recalcó luego: “A los exchanges que están en Europa y en España, pues sí que van a tener que cumplir una serie de requisitos. Pero como usuarios, a nosotros, no nos va a afectar para cero”.
En caudillo, para las empresas, MiCA significa la exigencia de autorizaciones y cumplimiento de ciertas normas de transparencia y seguridad. Pero esto se relaciona más con operaciones y menos con la tributación directa. Esto, ya que las empresas ya deben cumplir con la carta fiscal españolay MiCA no introduce nuevas cargas fiscales específicas para inversiones en criptomonedas.
Por otra parte, la nueva norma aumenta la supervisión sobre las plataformas y servicios de criptoactivos, lo que puede mejorar la trazabilidad de las transacciones, pero esto no cambia la responsabilidad tributaria de los contribuyentes ni la forma en que deben determinar sus ganancias.
Aunque MiCA no altera las obligaciones fiscales personales en España, sí introduce un situación regulatorio que los exchanges deben seguir. Este paso con destino a la regulación de las criptomonedas en toda la UE es crucial para fomentar una admisión segura y transparente, pero deja todavía una tarea irresoluto, que es la de implementar una política fiscal regional para este mercado emergente.
