La Comisión Doméstico de Títulos (CNV) de Argentina implementó una nueva legislatura que exige patrimonios netos mínimos a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) para intervenir en el país, un requisito que está generando debate entre los actores del ecosistema.
La regulación, destinada a plataformas como exchanges de bitcoin y otras empresas del sector, establece montos que oscilan entre 35.000 y 150.000 dólaressegún la categoría del proveedor.
Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, considera que estos títulos no reflejan la efectividad del mercado, resultando excesivos para pequeños operadores e insuficientes para grandes plataformas.
La legislatura, publicada recientemente por la CNV, exploración certificar la solvencia de las empresas que operan con criptoactivos y filtrar a aquellas sin estabilidad financiera. En su artículo 9°, se detalla la obligación de amparar un renta exiguo, clasificando a los PSAV en cinco categorías distintas.
La primera incluye a los exchanges que manejan criptomonedas y moneda fíat, con un patrimonio neto exiguo de 150.000 dólares. La segunda alpargata plataformas de intercambio exclusivo entre criptoactivos, con el mismo monto requerido.
La tercera categoría, enfocada en servicios de transferencia de activos virtuales, exige 75.000 dólares. Mientras que la cuarta, destinada a empresas de custodia, además fija 150.000 dólares. Finalmente, la finca categoría, que agrupa a plataformas de servicios financieros ligados a la ofrecimiento o cesión de activos digitales, establece un exiguo de 35.000 dólares.
Este esquema tiene un propósito claro: proteger a los usuarios asegurando que las plataformas puedan replicar en presencia de problemas operativos o financieros. Sin requisa, la aplicación de estos montos abrió un debate sobre su efectividad.
“No son representativos”
Mihura señaló a CriptoNoticias que los patrimonios exigidos carecen de proporcionalidad. “El problema que tienen estos montos es que no son representativos”, afirmó.
Para un pequeño cirujano, 150.000 dólares puede ser una barrera inalcanzable y “muy severo”, mientras que para un exchange que custodia millones de dólares en criptoactivos, la guarismo resulta irrisoriaen su opinión.
Encima, critica que la norma no distingue adecuadamente entre quienes ofrecen servicios de custodia y quienes solo facilitan intercambios, lo que genera exigencias innecesarias en algunos casos. Sobre este particular, Mihura afirma que los montos para el patrimonio son innecesarios.
La CNV además especifica que las personas naturales solo pueden intervenir en las categorías 1 y 2, limitando su décimo en el ecosistema. Para los PSAV que operen en más de una categoría, el patrimonio neto exiguo será el de la categoría más severouna medida que exploración monotonía, pero que podría complicar la inscripción de empresas con modelos híbridos.
La resolución excluye de estas exigencias la mera retransmisión de criptomonedas, enfocándose en quienes ofrecen servicios asociados a su comercialización o custodia.
El tema de los patrimonios netos mínimos no es un detalle último. En el contexto de los criptoactivos, donde la volatilidad y los riesgos son inherentes, contar con un respaldo financiero puede marcar la diferencia entre la continuidad de una plataforma y su colapso.
La CNV argumenta que este requisito fortalece la confianza en el mercadoal tiempo que reduce la presencia de actores poco serios. Sin requisa, la error de flexibilidad en los montos podría dejar fuera a emprendimientos incipientes, limitando la innovación en un sector que crece rápidamente en Argentina.
La CNV viene ajustando su entorno normativo desde 2023 para incluir a los PSAV en su área, en cadeneta con las recomendaciones del Agrupación de Argumento Financiera Internacional (GAFI), como lo ha reportado CriptoNoticias.
Estas medidas responden al aumento en el uso de criptomonedas en el país, impulsado por la inflación y las restricciones cambiarias. Sin requisa, hay quienes ven en estas regulaciones un intento de control excesivo, en motivo de un fomento al explicación del sector.
Mihura, abogado de formación, subraya otro punto: la legislatura no considera las particularidades de cada tipo de PSAV. Para quienes no custodian fondos, como plataformas que solo conectan compradores y vendedores, el requisito de 150.000 dólares parece desproporcionado.
En contraste, para los grandes exchanges que manejan carteras millonarias, el monto no representa un desafío significativo ni garantiza una protección auténtico para los usuarios. Esta disparidad pone en duda la capacidad de la CNV para equilibrar supervisión y crecimiento del mercado.
Las empresas muestran conformidad con la norma
El impacto de la legislatura ya se siente. Algunos operadores pequeños evalúan si podrán cumplir con los requisitos, mientras que las plataformas más consolidadas ajustan sus estrategias.
En todo caso, el circunstancia entre los PSAV es positivo, ya que consideran que esta nueva legislatura trae claridad regulatoria al sector y, al mismo tiempo, protección para los usuarios y la propia innovación, como lo ha informado este medio.
La CNV, por su parte, defiende la medida como un paso necesario para ordenar un sector que opera en un radio anodino desde hace primaveras. En un país donde las criptomonedas son vistas como refugio frente a la crisis económica, el desafío es encontrar un punto medio que no ahogue la innovación ni deje desprotegidos a los inversores.
A medida que el plazo para adaptarse a la legislatura se acerca, el debate sigue libre. La comunidad de bitcoin y las criptomonedas en Argentina, representada por voces como la de Mihura, mantiene sus reservas sobre los montos de patrimonio neto exiguo exigidos para que las empresas puedan intervenir.
Mientras tanto, la CNV mantiene su postura, priorizando la estabilidad sobre la flexibilidad. El resultado de esta tensión definirá el futuro de los exchanges y otros PSAV en el país, en un momento esencia para la prohijamiento de los activos digitales.