Los españoles tienen menos de cuatro semanas para determinar sus bitcoin (BTC) y criptomonedas en el extranjero. España ya llegó al zaguero mes apto para que los contribuyentes que usan criptoactivos cumplan con el Maniquí 721, el cual debe presentarse en presencia de la Agencia Tributaria (AEAT) ayer del próximo 31 de marzo.
El Maniquí 721 es una manifiesto informativa anual. Deben presentarlo las personas físicas y jurídicas residentes en España, así como los establecimientos permanentes en demarcación gachupin de entidades no residentes.
Su propósito es informar a la AEAT sobre los bitcoin y otras monedas virtuales situadas en el extranjero. Esto incluye a quienes sean titulares, beneficiarios, autorizados o tengan poder de disposición sobre ellas al 31 de diciembre de cada año. La obligación aplica a quienes posean criptomonedas custodiadas fuera del país con un valencia conjunto superior a 50.000 euros en esa época.
Tener criptomonedas en el extranjero, a mercancía del Maniquí 721, significa poseer monedas virtuales que están custodiadas o gestionadas fuera del demarcación gachupin. Esto se refiere principalmente a criptoactivos que se encuentren en exchanges, wallets o servicios de custodia tercerizada ubicados en jurisdicciones extranjeras.
La Agencia Tributaria española considera que estas criptomonedas están “situadas en el extranjero” si el proveedor del servicio o la entidad que las custodia tiene su sede o servidores fuera de España, independientemente de dónde resida el titular.
Jesús Lorente, socio director de la firma española especializada en fiscalidad de criptomonedas CL Cripto, explicó a CriptoNoticias que esta obligación zapatilla a titulares, beneficiarios, autorizados y titulares reales.
Lorente destacó que, si en el año 2023 ya se presentó el maniquí, “será necesario retornar a presentarlo si el valencia de las criptomonedas ha experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto al zaguero saldo claro, o si se ha dejado de ser titular de alguna criptomoneda que se hubiese claro en el primer prueba”. La legislatura recuerda el igualmente economista, exige precisión en los datos para evitar problemas con el Profesión de Hacienda.
No todos los contribuyentes están obligados a presentar el Maniquí 721. Lorente aclara que quedan exentos aquellos cuyos saldos conjuntos de criptomonedas en el extranjero no superen los 50.000 euros al 31 de diciembre de 2024.
Todavía están libres de esta obligación las entidades que lleven su contabilidad conforme al Código de Comercio. Esto aplica siempre que registren las criptomonedas de forma individualizada y tengan una contabilidad desglosada por criptoactivo y exchange, comentó el diestro.
¿Cómo se declara el Maniquí 721?
Para determinar el Maniquí 721, se debe incluir información específica. Esto zapatilla la identificación del custodio y de las monedas virtuales, con la denominación completa de cada tipo de criptomoneda. Encima, se reportan los saldos y la valoración.
En tanto, se indica la cantidad de cada moneda supuesto al 31 de diciembre, en este caso de 2024, expresada en unidades, pegado con su valoración en euros.
Para esta valoración, se toma la cotización según las principales plataformas de negociación o sitios web de seguimiento de precios. Lorente enfatiza que la exactitud en estos datos es secreto.
La presentación del Maniquí 721 se realiza de forma telemática y a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Lorente advierte que la presentación “no es sencilla” de realizar. Por ello, recomienda contar con un asesor especializado que ayude a completarlo. Esto permite evitar sanciones por declaraciones incorrectas.
Sanciones contra los infractores
Las sanciones por no determinar el Maniquí 721 o hacerlo incorrectamente varían. No presentarlo en el plazo establecido se considera una infracción tributaria leve. Esto acarrea una multa fija de 300 euros. Si se presenta voluntariamente fuera de plazo ayer de un requerimiento de la AEAT, la paquete puede reducirse. Por ejemplo, con un 50% de descuento por pronto suscripción.
Sin confiscación, si la Agencia Tributaria emite un requerimiento y el contribuyente no lo entrega, la infracción se agrava. En ese caso, la multa depende de la valoración de los datos omitidos. Por otro costado, determinar el Maniquí 721 con datos incorrectos o incompletos igualmente tiene consecuencias. La paquete es una multa fija de 150 euros.
Si se omiten datos o un conjunto de datos específicos, se impone una multa de 20 euros por registro no claro o requerido, tras un requerimiento previo. Por determinar incorrectamente un registro, la multa es de 10 euros por cada error.
Si la omisión o presentación incorrecta es intencional o reiterada, las consecuencias pueden ser mayores. Cuando se acredita un perjuicio financiero, como no determinar ganancias en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la infracción se vuelve más difícil. Las sanciones entonces son proporcionales al coste no claro.
Lorente señala que esto ya no se limita al Maniquí 721, que es informativo, “sino que se vincula a otras obligaciones fiscales”. Entre ellas, el IRPF o el Impuesto sobre el Patrimonio.
En epítome, las sanciones por no determinar el Maniquí 721 oscilan entre 150 y 300 euros como almohadilla. A esto se suman posibles incrementos de 10 a 20 euros por registro omitido o infundado, según el caso. Aunque son menos severas que las del antiguo Maniquí 720, el incumplimiento reiterado o intencional puede derivar en inspecciones adicionales. Esto podría traducirse en sanciones más altas vinculadas a otros impuestos.
En imagen y relación
El Maniquí 721 toma como narración al desaparecido Maniquí 720. De hecho, está creado en imagen y relación al mismo. Este zaguero entró en vigencia en 2012 y fue eliminado por orden del Tribunal de Rectitud de la Unión Europea en el año 2022.
La osadía de su exterminio se basó en que sus sanciones eran “contrarias” al Derecho de la Unión. Así lo afirmó el abogado universal de la UE, Saugmandsgaard Øe, en 2022, como lo reportó CriptoNoticias.
En todo caso, la obligación de determinar criptomonedas ha generado críticas entre los usuarios y referentes del ecosistema de las criptomonedas en el país peninsular.
José Antonio Bueno, economista tributario, señaló hace tres primaveras que la Hacienda española “somete a longevo vigilancia a los tenedores de criptomonedas que ningún país de la Ordenamiento para la Cooperación y el Progreso Financiero”.
Añadió, en ese momento, que el gobierno gachupin quería ser pionero en la persecución a los usuarios de bitcoin y criptoactivos. “Creo que el negocio va a ser sumar una oficina de expatriación”, declaró entonces Bueno.
El plazo del 31 de marzo se acerca y, en consecuencia, los contribuyentes españoles con más de 50.000 euros en criptomonedas en el extranjero deben interpretar rápido. La presentación telemática y los requisitos específicos del Maniquí 721 exigen atención al detalle y el hecho de contar con consultorio puede marcar la diferencia entre cumplir con Hacienda y indisponer sanciones. Mientras tanto, el temporalizador sigue corriendo para los españoles con criptoactivos fuera del país.
