El estado estadounidense de Texas despliega su astillero constitucional contra el crimen digital y desde el 1 de septiembre de 2025, ejecuta la ley SB 1498, una norma que faculta a las autoridades para incautar todo bitcoin (BTC), NFT (tokens no fungibles), stablecoins y otros activos digitales vinculados a delitos.
La medida, firmada el lunes 23 de junio por el jefe Greg Abbott, pesquisa forrar al estado contra el lavado de peculio, estafas y tráfico de drogas perpetrados a través del ecosistema de los activos digitales.
La estatuto autoriza a las agencias de la ley a tomar control de los activos digitales que las investigaciones conecten con actividades criminales. La ley zapatilla un amplio espectro de delitos y pesquisa proporcionar un nuevo útil a los fiscales para desmantelar operaciones ilícitas que se refugian en bitcoin y las criptomonedas.
Para avalar la seguridad de los activos incautados, la SB 1498 ordena que todo lo decomisado se almacene de inmediato en carteras frías aislándolo de posibles ciberataques mientras se resuelve su situación constitucional.
Una vez liquidados, los fondos se destinarán al financiamiento de operaciones policiales. La ley aclara explícitamente que estos activos no alimentarán la Reserva Estratégica de Bitcoin que la entidad tendrá en el futuro, marcando una clara separación de propósitos.
Esta ley refuerza el situación regulatorio de Texas, que ha venido posicionándose como un líder en la industria de bitcoin de Estados Unidos. Sin requisa, al implementar reglas claras para el incautación, el estado envía un mensaje persuasivo a los delincuentes: Texas es cariñoso con los activos difitales, pero no tolerará su uso para fines ilícitos.
La medida complementa otras iniciativas que promueven la admisión de bitcoin a nivel estatal. Como lo ha informado CriptoNoticias, este estado que representa a la octava riqueza más magnate del mundo aprobó el tesina de ley SB 21, impulsado por el senador Charles Schwertner.
Con tal iniciativa, la entidad creará un fondo exclusivo, fuera del fortuna estadal, para comprar, traicionar e alterar en BTC, con la visión de que este activo digital puede servir como una “cobertura estratégica contra la inflación y la volatilidad económica”. Y por otra parte otorga protección constitucional a su eventual reserva estratégica de bitcoin.
