El Tribunal Superior de Honradez del País Vasco (TSJPV) emitió una sentencia que podría cambiar las reglas del movilidad para la tributación de monedas digitales como bitcoin (BTC) en España, desafiando directamente el criterio de la Dirección Genérico de Tributos (DGT) de la Hacienda de España y abriendo un nuevo capítulo en la regulación fiscal de los activos digitales.
La atrevimiento, publicada este lunes, aborda la tributación de criptoactivos en el situación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según el desacierto, el TSJPV contradice la postura de la DGT, que clasifica a las criptomonedas como “títulos homogéneos” para lindar la compensación de pérdidas fiscales.
Esta clasificación implica que las pérdidas generadas por la saldo de criptomonedas solo pueden compensarse hasta cierto conclusión con ganancias de otros activos similares, aplicando el método “Primero en, First Out” (FIFO, o “el primero que entra, el primero que sale”) para calcular las transacciones.
Sin bloqueo, el tribunal vasco rechaza esta categorización y el uso del método FIFOproponiendo un enfoque diferente que podría beneficiar a los contribuyentes.
El método FIFO, ampliamente utilizado por la DGT, establece que, al entregar criptomonedas, se considera que se venden primero las unidades adquiridas hace más tiempo, lo que afecta directamente el cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales declaradas en el IRPF.
Al negarlo, la sentencia del TSJPV sugiere que las criptomonedas no deben tratarse como fondos homogéneoslo que podría permitir una decano flexibilidad en la compensación de pérdidas y ganancias, reduciendo la carga fiscal para muchos inversionistas. Esta atrevimiento contrasta con la postura rígida de la DGT, que ha sido criticada por su descuido de claridad y aclimatación a la naturaleza única de los activos digitales.
La relevancia de esta sentencia radica en su potencial para influir en la política fiscal españolaespecialmente en un momento en que el país rebusca arreglar sus regulaciones con las tendencias globales, y de que ya está llegando la temporada de impuestos en España, con fechas secreto en marzo y junio para la afirmación tributaria ligada a las criptomonedas, como lo ha reportado CriptoNoticias.
Desde 2021, España ha implementado medidas más estrictas para regular las criptomonedas, alineándose con la Finca Directiva Europea contra el Blanqueadura de Capitales. Estas normas obligan a los operadores de criptoactivos a reportar transacciones y posesiones detalladamente a la Agencia Tributaria Española (AEAT).
Sin bloqueo, la desaparición de una explorador específica y actualizada sobre la fiscalidad de criptomonedas ha generado confusión, y sentencias como esta podrían servir de precedente para futuras interpretaciones legales.
Un paso delante
Emilio Pérez Pombo, versado en fiscalidad de criptomonedas y autor del compendio Fiscalidad de Bitcoin, monedas virtuales y tokenscelebró la atrevimiento en una publicación de X.
“Esta sentencia contradice a la DGT y niega que las criptomonedas se califiquen como títulos homogéneos, así como el criterio FIFO. Es un paso delante que llevo primaveras defendiendo”, escribió, acompañando su mensaje con imágenes de la sentencia y su compendio. Su postura refleja un creciente debate en España sobre cómo equilibrar la innovación tecnológica con las deposición fiscales del Estado.
El contexto europeo igualmente juega un papel crucial. La Unión Europea ya implementa el reglamento de Mercado de Criptoactivos (MiCA), que rebusca establecer un situación regulatorio unificado para estos activos digitales en los Estados miembros, promoviendo la transparencia y la seguridadpero excluyendo paradigmas como las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT).
En este tablado, la sentencia del TSJPV podría anticipar cómo España podría adaptarse a estas normasespecialmente en materia tributaria. Así, esta instancia marca un hito en la fiscalidad de las criptomonedas en España, desafiando las normas actuales y abriendo la puerta a un debate más amplio sobre su tratamiento tributario.
