Diez días luego de presentar un primer plan de ley para crear una tutela basada en bitcoin, el estado de Georgia ha presentado una segunda iniciativa. A diferencia de la susodicho, SB 178, que imponía restricciones a la inversión, el nuevo plan, SB 228, permite alterar en BTC sin límites. La propuesta, impulsada por congresistas demócratas, ahora competirá con la interpretación republicana.
Entre los lineamientos esencia del nuevo trabajo, se define a bitcoin como un activo digital descentralizado, sin vinculación a bancos. La iniciativa autoriza al tesorero de Georgia a alterar en BTC sin imponer topesy permite que la término utilice custodios con sede en EE. UU., siempre que reciban la aprobación de la Sociedad de Depósitos del Estado.
Los senadores Jason Esteves, Kim Jackson, Elena Parent, Derek Mallow y Harold Jones son los autores del plan. Vale destacar que la Sociedad de Depósitos del Estado y el tesorero serán los encargados de desarrollar e implementar las políticas relacionadas con bitcoin, lo que implica que no habrá una apadrinamiento inmediata, sino que primero se diseñará un situación regulador sólido.
Hasta ahora, vigésimo estados de EE. UU. han presentado proyectos de ley para establecer reservas de bitcoin en sus tesorerías, una iniciativa que podría implicar una inversión de hasta 23.000 millones de dólares. Entre estas localidades destacan Texas, Florida y Arizona, cuyas economías superan a varias de América Latina en términos de Producto Interno Bruto (PIB). Mientras algunos territorios, como Arizona y Utah, han liberal sin mayores obstáculos, otros enfrentan desafíos.
A nivel doméstico, la propuesta para la creación de una reserva estratégica de BTC está a la dilación de ser debatida por el Colección de Trabajo liderado por David Sacks, el «zar de la IA y criptomonedas» designado por Donald Trump. En su primera rueda de prensa, Sacks afirmó que el tema ya está en la memorándum, pero destacó que se abordará con la debida cautela.
En un tablas eufórico, el plan de tutela doméstico de bitcoin podría materializarse en un plazo de seis a doce meses tras tomar la aprobación de una orden ejecutiva. Sin confiscación, si la propuesta enfrenta un debate intenso en el Congreso, el proceso podría alargarse entre uno y dos primaveras, un tiempo que no es extraño a los procedimientos legislativos. En el peor de los casos, el plan podría retrasarse indefinidamente.
Al alterar en bitcoin, los estados podrían no solo mejorar su capacidad para carear crisis económicas, sino además atraer inversiones y crear nuevos puestos de trabajo. Encima, podrían beneficiarse del potencial de apreciación a generoso plazo de la criptomoneda, lo que fortalecería aún más su estabilidad financiera.
De acuerdo con Bitcoin Reserve Profesor, Montana, Dakota del Septentrión, Wyoming y Pennsylvania son los estados que han rechazado iniciativas para diversificar sus finanzas a través de bitcoin.
