La regulaciΓ³n de las stablecoins en Estados Unidos entrΓ³ en una nueva grado de retrasos el 21 de abril de 2026, luego de que la AsociaciΓ³n de Banqueros Estadounidenses solicitara una extensiΓ³n de 60 dΓas para comentar las normas de implementaciΓ³n de la ley GENIUS.
En paralelo, el senador Thom Tillis advirtiΓ³ que el debate de la ley Clarity no avanzarΓ‘ en abril y podrΓa trasladarse a mayo correcto a la descuido de consenso en el Congreso, especialmente en torno al tratamiento del βyieldβ (intereses) en stablecoins.
La solicitud del sector bancario se enmarca en la grado de progreso regulatorio de la ley GENIUS, donde las agencias federales continΓΊan definiendo las reglas que determinarΓ‘n su aplicaciΓ³n. El objetivo de la extensiΓ³n es contar con mΓ‘s beneficio para evaluar el impacto del Γ‘mbitoespecialmente en su interacciΓ³n con el sistema financiero tradicional.
La ley GENIUS, aprobada en 2025, establece el primer Γ‘mbito federal para stablecoins en Estados Unidostal como reportΓ³ CriptoNoticias. La reglamento exige respaldo 1:1 en activos lΓquidos de inscripciΓ³n calidad, auditorΓas periΓ³dicas y supervisiΓ³n por parte de entidades autorizadas. Aunque prohΓbe el cuota de intereses directos a los tenedores, permite ciertas recompensas vinculadas al uso de plataformas, lo que ha generado una zona de interpretaciΓ³n abierta.
La ley Clarity, por su parte, averiguaciΓ³n especificar la clasificaciΓ³n de los tokens y establecer la distribuciΓ³n de competencias entre la ComisiΓ³n de Bolsa y TΓtulos (SEC) y la ComisiΓ³n de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Sin confiscaciΓ³n, su avance continΓΊa condicionado por la descuido de acuerdo en aspectos secreto del diseΓ±o regulatorio.
El debate ha intensificado la tensiΓ³n entre la banca tradicional y el sector de los activos digitales. Mientras las entidades financieras presionan para impedir cualquier mecanismo que pueda semejar a un rendimiento sobre depΓ³sitos, la industria sostiene que las recompensas vinculadas al uso de plataformas no constituyen intereses, sino incentivos de prohijamiento.
En este contexto, el Congreso ha optado por extender los plazos de discusiΓ³n y evitar definiciones aceleradas sobre conceptos aΓΊn no consensuados. Esto ha contribuido a detener el calendario legislador de entreambos proyectos.
