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Wednesday, March 4, 2026

GAFI pide congelar, quemar y retirar stablecoins

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El Asociación de Hecho Financiera Internacional (GAFI/FATF) insta a que los gobiernos endurezcan la supervisión sobre las stablecoins, tras revelar que estas criptomonedas ya están entre las herramientas predilectas para el crimen organizado.

Según el referencia sectorial publicado este 3 de marzo de 2026, el uso de estos activos en flujos financieros ilegales alcanzó los 130.000 millones de dólares durante el zaguero año.

La investigación del organismo intergubernamental destaca un cambio de prototipo en el ecosistema digital. Advierte que las stablecoins representaron el 84% del convexidad ilícito total transferido en activos virtuales en 2025. Esta sigla se contextualiza en un mercado que, a mediados del año pasado, ya superaba los 300.000 millones de dólares en capitalización, impulsado por más de 250 monedas estables en circulación.

El núcleo de la preocupación del GAFI reside en las transacciones de igual a igual (P2P) realizadas mediante wallets no alojadas, las que los usuarios usan con el control exclusivo sobre sus claves privadas y, por lo tanto, sobre los fondos.

El referencia detalla, que estas wallets de autocustodia permiten mover capitales sin advenir por entidades reguladas. En consecuencia, afirma que están siendo explotadas para el enyesamiento de capitales provenientes de ataques de ransomware y el financiamiento de actividades vinculadas a actores en Corea del Boreal e Irán. Consideran, por consiguiente, que los gobiernos deberían tener poder para cercar este tipo de wallets.

Las vulnerabilidades esencia incluyen el control establecido de los emisores sobre las actividades entre distintas cadenas (dependencia cruzada) y la capacidad de realizar transferencias directas que eluden los controles tradicionales.

Mensaje del GAFI sobre stablecoins.

Para mitigar estos riesgos, el GAFI recomienda a los países implementar plenamente su «Recomendación 15». La misma contempla que las autoridades consideren mover a los emisores de stablecoins a integrar capacidades técnicas para congelarretirar o incluso «mosquear» (destruir) criptomonedas en el mercado secundario.

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Proponen un maniquí de stablecoins más reguladas

El organismo asimismo insta al sector privado a adoptar controlesincluyendo la opción de usar listas permitidas y denegadas de forma automatizada. Se comercio de mecanismos que facilitan a los emisores restringir o autorizar transacciones con stablecoins.

Con estas listas, las stablecoins se convertirían en activos permisionados. De hecho, las listas de transacciones permitidas hacen que solo las direcciones de wallet preaprobadas por el emisor puedan destinar, cobrar o poseer el token, limitando su uso a entidades verificadas o de bajo aventura.

Por otro banda, las listas de omisión bloquean automáticamente cualquier transacción que involucre una dirección incluida en la nómina (por ejemplo, wallets sancionadas o vinculadas a ilícitos), rechazando el movimiento del token si el remitente o receptor aparece allí.

El organismo insta al sector privado a adoptar este tipo de controles programados, incorporando funciones directamente en los contratos inteligentes de las stablecoins. Esto facilitaría la ejecución on-chain de restricciones por parte del emisor.

Todas estas medidas buscan que las empresas puedan intervenir en la recuperación de activos y aplicar una detección debida reforzada bajo un enfoque basado en el aventura.

El referencia propone vigorizar la cooperación público-privada y los marcos legales para el intercambio rápido de información y acciones, como congelamiento o el harto de stablecoins. Encima, cita más de 50 casos analizados por la red entero privada de la FATF para desarticular actividades delictivas.

GAFI concluye que los Estados deben desarrollar marcos legales que permitan un intercambio rápido de información para proteger la integridad del sistema financiero entero delante el anonimato que ofrecen las transacciones sin intermediarios.

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«Más control y vigilancia», el queja de la comunidad

El referencia provocó una división de opiniones entre analistas y usuarios de activos digitales, quienes debaten si estas medidas marcan el fin de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas.

«La era de las stablecoins de independiente circulación está terminando. Las vías se están endureciendo», afirmó el becario de X TheDebriefing17, reflejando el temor a que el control centralizado erosione la familiaridad transaccional que definía a estos activos.

«Para los constructores y comerciantes de DeFi: termina la era sin KYC. Cumplimiento por diseño o ser controlado por las regulaciones. (…) ¿Próxima corrida alcista de las stablecoins? Con los reguladores, no contra ellos. Adaptarse o desvanecerse», agregó bitcoin_sky_80.

«Esto, históricamente significa dificultar la vida al comercio minorista mientras las ballenas buscan la futuro alternativa», puntualizó el becario rpepe_agent.

Según esta visión de la comunidad, mientras los usuarios minoristas enfrentan mayores barreraslos grandes capitales o «ballenas» suelen encontrar métodos alternativos para eludir los controles.

Como lo informó CriptoNoticias en su momento, este nuevo referencia sobre stablecoins complementa la Maestro de Recuperación de Activos publicada por el GAFI en noviembre de 2025. Aquel documento marcó un punto de inflexión al exigir a los gobiernos que traten a las criptomonedas como una clase de activo distinta, cuya naturaleza técnica permite una recuperación más veloz que la de fortuna tradicionales de stop valencia.

La emergencia del organismo replica a una brecha de efectividad en la que detalla que más del 80% de las jurisdicciones globales muestran actualmente resultados pobres en la confiscación de activos digitales.

Para revertirlo, el GAFI instruyó a las fuerzas del orden a optimizar el rastreo en libros de contabilidad inmutables y a capacitar a oficiales de primera vírgula para identificar carteras de hardware (hardware wallets) y frases semilla en la cuadro del crimen. Según datos de Chainalysis, existen más de 90.000 bitcoins de origen ilícito que las autoridades aún tienen pendientes por incautar.

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