La Agencia Tributaria Española inició una serie de inspecciones dirigidas a usuarios de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, marcando un nuevo capítulo en su lucha contra la diversión fiscal. Este movimiento, que ya está generando revuelo entre los inversionistas, se cimiento en el cruce de datos obtenidos de terceros, como exchanges de criptoactivos, que ahora deben reportar las operaciones de sus usuarios bajo estrictas normativas europeas.
La abogada especializada en criptomonedas Cristina Carrascosa, una voz destacada en el sector, alertó a través de su cuenta en X sobre la ataque fiscal: “Hacienda va por todos los ejercicios no prescritos, desde 2020 hasta 2023, y no solo por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sino asimismo por el Impuesto sobre el Patrimonio”.
Carrascosa, quien lleva más de una término asesorando en este ámbito tras descubrir Bitcoin en 2012, subrayó que los contribuyentes deben regularizar su situación para evitar sanciones severas.
El gobierno castellano, gracias a herramientas como los Modelos 172 y 173 implementados desde 2024, ahora tiene un conocimiento detallado de los saldos y valía de cada moneda, encima de los movimientos de criptomonedas realizados por los inversores, tal como lo ha reportado CriptoNoticias.
Estas normativas obligan a los exchanges centralizados a reportar transacciones, lo que permite a Hacienda cruzar datos con las declaraciones fiscales de los contribuyentes. Por otra parte, la fresco implementación total del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea en 2025 ha estandarizado la supervisión y tributación de criptomonedas, facilitando este tipo de inspecciones.
Las inspecciones se centran en dos frentes principales. Por un costado, Hacienda sondeo cerciorarse de que las ganancias patrimoniales derivadas de operaciones con criptomonedas –como compras, ventas, intercambios en exchanges o transferencias a wallets– hayan sido declaradas en el IRPF. En España, estas ganancias se gravan a tipos que oscilan entre el 19% y el 26%, dependiendo del monto.
Por otro costado, asimismo se revisa el Impuesto sobre el Patrimonio, que aplica a quienes posean criptoactivos que, cercano con otros posesiones, superen el puertas exento de 700.000 euros (aunque este tope puede variar según la comunidad autónoma).
El talento temporal de las inspecciones albarca los primaveras 2020 a 2023, ya que, según la estatuto española, el plazo de prescripción fiscal es de cuatro primaveras. Esto significa que, a mayo de 2025, las declaraciones de 2020 aún pueden ser auditadas, dependiendo de la vencimiento de presentación de cada contribuyente.
Por otra parte, los inversionistas que posean más de 50.000 euros en criptomonedas en el extranjero deben reportarlo a través del Maniquí 721, una obligación válido desde 2023 que, de no cumplirse, asimismo puede desencadenar multas.
Consecuencias graves
El incumplimiento de estas obligaciones puede tener consecuencias graves. Según expertos, las sanciones por no determinar ganancias pueden ir desde el 50% hasta el 150% de la cantidad no declarada, encima de intereses de atraso y el plazo del impuesto adeudado.
Para quienes utilizan carteras descentralizadas o plataformas desaparecidas, alegar las operaciones puede ser un desafío adicional, aumentando el aventura de penalizaciones.
Este operante no es un hecho ocasional. Desde 2018, Hacienda ha intensificado su vigilancia sobre las criptomonedasun sector que ha crecido exponencialmente en España, donde más del 9% de la población del país posee activos digitales en 2025, según el Costado Central Europeo.
Con estas inspecciones, Hacienda reafirma su compromiso con la transparencia fiscal en un momento en que las criptomonedas se han convertido en un activo principal. Para los usuarios de bitcoin en España, el mensaje es claro: el tiempo de actuar sin determinar ha terminado.
