La Comisión Franquista de Títulos (CNV) de Argentina formalizó este 7 de abril de 2026 la Resolución 1125/2026, un paso que integra a bitcoin (BTC) y otros activos digitales en el cálculo del patrimonio necesario para ser considerado inversor calificado.
Esta categoría permite a los ciudadanos lograr a instrumentos de inversión más sofisticados y mercados restringidos al manifiesto común. Sin confiscación, la medida genera interrogantes técnicos sobre cómo se acreditarán estos fondosespecialmente para quienes optan por la autocustodia.
Para Ricardo Mihura Estrada, socio de Leverone & Mihura Estrada y miembro de la Comisión Directiva de la ONG Bitcoin Argentina, la medida es una respuesta razonamiento a la existencia del mercado presente. Según explicó a CriptoNoticias:
La novedad que nos trae la CNV respecto de examinar como inversor calificado a quien tenga activos virtuales en su patrimonio es muy mediano. Hoy nadie puede dudar de bitcoin como reserva de valía. Incluso otros criptoactivos han demostrado tener valía sustentable. El carácter de inversor calificado definido por la CNV es poco que debe ser constatado en cada caso por los agentes colocadores de fondos, según sus criterios.
Ricardo Mihura.
El costo de la visibilidad financiera
Como se informó ayer, la resolución establece una obligación clara para los agentes de mercado, quienes deben revisar caso por caso que el patrimonio ostensible sea efectivo. No obstante, la norma se detiene ajustado antaño de la ejecución técnica y no detalla cómo validar la propiedad de activos no custodiados en plataformas centralizadas.
Precisamente en esta omisión radica el conflicto principal. Matías Mathey, responsable del Sección de Autocustodia y Auditoría de la ONG Bitcoin Argentina, advierte que este hueco judicial podría comprometer la soberanía financiera inherente a bitcoin. En su descomposición para CriptoNoticias, Mathey destaca riesgos para usuarios de llaves privadas:
La norma no especifica qué tipo de custodios o wallets serán válidos para certificar la propiedad de fondos en presencia de la CNV, ni los criterios técnicos de auditoría y evaluación. La trampa es sutil porque la norma incentiva indirectamente a sacar los sats de la autocustodia y depositarlos en custodios regulados que puedan emitir un certificado obligado por la CNV. Eso es exactamente lo opuesto a la soberanía.
Matías Mathey.
Esta equívoco operativa añade preocupaciones sobre privacidad, ya que acreditar activos podría requerir exponer historiales financieros. Mathey lo enfatiza:
Para que tus bitcoin cuenten como patrimonio en presencia de un regulador, vas a tener que revelar tus UTXOs, tus montos, posiblemente las direcciones de bitcoin. Eso crea un vector de exposición de información financiera que hasta hoy no existía para el hodler en autocustodia. En un país con historial de corralito, cepo, y confiscaciones, eso no es un detalle último.
Matías Mathey.
A pesar de la controversia, la resolución encaja en la dietario de desregulación del Ocupación de Caudal. Mihura Estrada propone como futuro paso habilitar fondos comunes locales con bitcoin y criptomonedas, independientes de ETF estadounidenses. Esto generaría instrumentos domésticos, con comisiones liquidadas localmente.
Sin confiscación, la comunidad bitcoiner argentina está alerta. Creen que sin protocolos claros de comprobación, los inversores deben nominar entre legalización institucional (con pérdida de privacidad) o marginalidad financiera.
