Ayer fue una trayecto histórica para los bitcoiners: Arizona aprobó dos proyectos de ley estrechamente vinculados a la creación de una reserva estatal de bitcoin y criptoactivos. Las iniciativas SB 1025 y SB 1373 comenzaron su curso constitucional en enero y febrero, respectivamente, y poco a poco fueron avanzando hasta estar cerca del escritorio de la gobernadora Katie Hobbs, quien debe atreverse si estas normativas entrarán en vigor con presteza.
La propuesta SB 1025 permite a Arizona trastornar hasta un 10% de sus fondos públicos en bitcoin. De acuerdo con datos oficiales, la Gerencia de Arizona maneja USD 32 mil millones en activos desde enero de 2019, y además se encarga del flujo de efectivo del presupuesto estatal, que es de USD 65 mil millones. Esto quiere asegurar que la término podría trastornar cerca de de USD 3 mil millones en BTC.
Por su parte, el plan SB 1373 propone la creación de una reserva estratégica compuesta por múltiples criptoactivos, la cual inicialmente estará formada por billete incautado en procesos penales. Hace pocos días, la iniciativa recibió luz verde en el Comité Plenario de la Cámara de Representantes, una instancia previa a la leída final y la votación definitiva. Se sabe que el tesorero estatal podrá trastornar hasta el 10% de los fondos confiscados en criptomonedas durante cada año fiscal.
Si proporcionadamente ambas propuestas han llegado al final de su trayecto constitucional, aún queda un paso secreto: la firma de la gobernadora Katie Hobbsquien ha acumulado más de 200 vetos en los últimos dos primaveras. Hace unas semanas, la funcionaria advirtió que bloquearía cualquier iniciativa que llegara a su escritorio, si no se aprobaba una medida bipartidista para financiar un software de público a personas con discapacidad. Finalmente, hubo un acuerdo para destinar USD 122 millones a esta sección, la cual estaba al borde de quedarse sin fondos.
Sin retención, los bitcoiners no pasan por detención el extenso historial de vetos de Hobbs ni su flamante rechazo al plan HB2906, el cual buscaba ampliar el significación de un software regulatorio para incluir a empresas de criptomonedas. Se negociación de una propuesta válido en Arizona desde 2018, que permite a compañías innovadoras negociar bajo un entorno constitucional más flexible mientras prueban nuevos productos o servicios.
Frente a este círculo, el equipo de Bitcoin Laws —especializado en informar sobre leyes vinculadas a criptoactivos— hizo un llamado a la ciudadanía para que contacte a la oficina de la gobernadora Hobbs, con el objetivo de evitar posibles vetos.
Lo cierto es que, si la gobernadora decide poner freno a estos esfuerzos, ambas leyes quedarían bloqueadas Y el estado no podría trastornar en bitcoin o establecer una reserva estratégica de criptoactivos. Las iniciativas regresarían a la sesión, donde los legisladores podrían intentar anular el veto, pero para ello se requiere una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras: al menos 40 votos en la Cámara de Representantes (de 60 miembros) y 20 en el Senado (de 30). Cubo que SB 1025 fue aceptado con 31-25 en la Cámara y 17-11 en el Senado, y SB 1373 con 37-19 en la Cámara, de momento, ningún alcanzaría los votos necesarios para revertir la valentía. De no obtener esa mayoría, los proyectos serían descartados y no podrían aplicarse.
En caso de que Hobbs decida firmar ambas iniciativas, estas entrarían en vigor de inmediato, lo que abriría la puerta al explicación de un entorno operante que garantice transparencia y seguridad en las inversiones. Para ello, sería necesario establecer normativas internas, con la Gerencia trabajando de la mano de expertos en criptomonedas para implementar las medidas contempladas en las leyes. Con estos pasos, Arizona comenzaría a impulsar la arribada de empresas del sector, fomentando la innovación tecnológica y marcando un precedente para otros estados.
Según Bitcoin Laws, hasta ahora se han presentado 46 proyectos de ley en Estados Unidos relacionados con la creación de reservas estratégicas de bitcoin. De ese total, 39 siguen activos en 20 estados. Texas, Alabama, Florida, Georgia, Ohio y Nuevo Hampshire se encuentran entre los que aún esperan aprobar algunas de sus propuestas.
