Siete abriles han pasado desde que se aprobó el decreto que permitió, de guisa innovadora y pionera, el uso admitido de criptomonedas en Venezuela. Pero, hoy por hoy, una aggiornamento de ese entorno normativo parece necesaria para un ecosistema donde bitcoin (BTC) y otros activos digitales, como las stablecoins, se han integrado —por condición— en la dinámica económica de los ciudadanos.
Esto es objeto de discusión en la Asamblea Doméstico (AN) de Venezuela, más específicamente en la Subcomisión de Innovación del Parlamento, que ya instaló mesas de trabajo técnicas para evaluar propuestas de la comunidad y construir un papel de trabajo para un eventual tesina de ley que actualice —o reforme— el entorno regulatorio actual del sector de las criptomonedas.
Así lo informó el diputado Genkerve Tovar, presidente de la mencionada subcomisión, quien participó en el evento Startup Cripto celebrado este miércoles 10 de junio en las instalaciones de la Universidad Doméstico Empírico de la Gran Caracas (Unexca), en Caracas.
En entrevista monopolio para CriptoNoticias, el parlamentario explicó que la AN se encuentra procesando las solicitudes presentadas por diversos sectores de la sociedad civil.
«Actualmente, desde la Subcomisión de Innovación de la Asamblea Doméstico, un conjunto de jóvenes entusiastas en el radio de criptofinanzas y criptomonedas han estado presentándonos propuestas. Hemos estado evaluando y se han establecido algunas mesas de trabajo que nos permitan construir un papel de trabajo de cara a presentar un tesina», señaló.
Tovar no señaló cuáles son esos «entusiastas», ni si son personas o empresas vinculadas al sector de los activos digitales los que se han contiguo a la subcomisión del parlamento.
El parlamentario enfatizó que el armadura admitido contemporáneo, fundamentado en el decreto constituyente del año 2019, requiere una profunda renovación estructural conveniente a la velocidad con la que se desarrollan estas tecnologías financieras.
A motivo del diputado, «se requiere poner orden y establecer un orden admitido y formal» en el radio de las criptomonedas. «De forma que nos permita originar ingresos al país», afirmó.
Esta movilización en el parlamento venezolano coincide con un contexto regional donde varios países de América Latina han acelerado sus agendas normativas en torno a los activos digitales. CriptoNoticias ha documentado los casos de Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, por ejemplo.
Al ser consultado sobre los avances regulatorios en los países de la región, Tovar fue enfático y aseguró que Venezuela exploración «mantenerse al día con el entorno internacional».
«Nosotros tenemos que seguir trabajando en función de construir un papel de trabajo que nos permita en el corto o mediano plazo tener ya esta radio totalmente regulada como debe ser», argumentó.
El debate de fondo sobre esta reforma admitido se centra en aventajar el diseño del Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos de 2019, el cual nació orientado en torno a un control estatal centralizado y una fiscalización estricta de la minería digital.
No obstante, la ingenuidad del país caribeño remarca una desconexión entre ese entorno admitido y la operatividad existente del sector en Venezuela, conveniente al proceso de reestructuración que, desde hace casi cuatro abriles, atraviesa la Superintendencia Doméstico de Criptoactivos (Sunacrip).
Lo preparatorio se ha evidenciado, por ejemplo, en las escasas licencias para que empresas de criptomonedas puedan negociar en Venezuela, así como en la prohibición —y vigilancia— de la actividad minera por ordenamiento del Servicio de Energía Eléctrica.
De cualquier forma, con el inicio de estas mesas técnicas en Caracas, el poder constituyente parece intentar reactivar la memorándum legislatura tras abriles de estancamiento institucional. Por eso, las propuestas ciudadanas para la regulación de las criptomonedas en Venezuela continuarán siendo recibidas directamente en el parlamento, según confirmó el diputado.
El oposición en el corto plazo, no obstante, será demostrar si un eventual tesina de ley impulsará en realidad la formalización de una riqueza digital, que ya se mueve por cuenta propia, o si se limitará a un esquema más de control.
