Paraguay obliga a informar operaciones con bitcoin y criptomonedas

Paraguay, a través de la Dirección Franquista de Ingresos Tributarios (DNIT), está endureciendo el control fiscal sobre bitcoin (BTC) y criptomonedas en plena transformación de su mercado financiero. El país suramericano está formalizando un nuevo situación de vigilancia para las operaciones con activos digitales al informar la Resolución Normal N° 47/26, este 11 de marzo de 2026.

El documento aclara que el organismo ahora impone a las plataformas y administradores la obligación de reportar detalladamente cada transacción realizada por sus usuarios. La medida examen integrar bitcoin y otros activos digitales a la cojín recaudatoria del país.

La resolución exige a los sujetos obligados presentar declaraciones juradas con datos técnicos exhaustivos, incluyendo direcciones de monederos (wallets), redes utilizadas e incluso el hash de cada operación.

Si correctamente la oficina defiende la medida como un paso necesario para compendiar la opacidad y fiscalizar una actividad económica al elevación, el requerimiento de datos sensibles causa debates iniciales sobre el efecto de la vigilancia estatal y el derecho a la privacidad financiera en entornos descentralizados.

Sin incautación, la medida se enmarca en el cumplimiento de las recomendaciones del Asociación de Entusiasmo Financiera Internacional (GAFI), que desde 2019 exige a los países regular los criptoactivos como parte de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En sus actualizaciones de 2025 y febrero de 2026, reportadas por CriptoNoticias, el GAFI destaca la obligación de maduro transparencia en transacciones con activos digitales, incluyendo reportes detallados y mitigación de riesgos en proveedores de servicios y wallets no custodiadas. Así que, Paraguay, como miembro de GAFILAT, avanza en esta recta para robustecer su sistema antilavado de peculio y evitar mayores escrutinios internacionales.

Esta fiscalización transversal se produce en un momento de transición legítimo para el país, bajo los mercancía de la Ley N° 7572/2025 del Mercado de Títulos y Productos. Aunque es fundamental distinguir que, mientras la Superintendencia de Títulos (SIV) supervisa específicamente los activos tokenizados que representan derechos de crédito o propiedad, la nueva norma de la DNIT ejerce una vigilancia de carácter tributario que alcanza a todas las operaciones, incluyendo el uso de criptomonedas descentralizadas como medio de intercambio.

Deseo y carga administrativa con criptoactivos en Paraguay

El Gobierno paraguayo aspira a profesionalizar un mercado de capitales cuya décimo en el PIB doméstico se disparó del 1% al 15% en la última decenio. «Durante el 2026 se completará la primera procreación de reglamentos habilitantes y se avanzará en innovación, como fondos privados y tokenización», señaló en noviembre de 2025 Rodrigo Ruiz, superintendente de Títulos.

Sin incautación, comentarios en la comunidad de bitcoin plantean dudas sobre si la efectividad del situación legítimo dependerá de que la carga burocrática y el recuento fiscal no terminen desincentivando la prohijamiento tecnológica que la norma examen promover.

Por otro banda, el gobierno paraguayo además se alista para barrenar Bitcoin con 30.000 equipos incautados, al tiempo que pone particular pedantería a la tokenización de activos reales (RWA) en los sectores agroindustrial e inmobiliario. Su objetivo ostensible es atraer inversión extranjera y compendiar costos de intermediación mediante el uso de contratos inteligentes, los cuales estarán ahora sujetos a auditorías obligatorias.

Para robustecer la transparencia institucional de este proceso, se prevé completar este año la independencia eficaz de la Caja de Títulos de Paraguay (Cavapy), separando la custodia de activos de las funciones de negociación en bolsa.

Con este conjunto de medidas, Paraguay intenta equilibrar su afán de convertirse en un nodo regional competitivo con la obligación de establecer un control fiscal precioso. El éxito de su maniquí reside en su capacidad para ofrecer seguridad jurídica a los inversores institucionales sin desplazar las operaciones de los usuarios minoristas alrededor de canales no supervisados por el Estado.