El próximo jueves 16 de octubre de 2025, el Congreso de los Diputados de España debatirá y votará una reforma presentada por el partido Vox para recusar y devolver al Gobierno el tesina de ley que transpone la octava Directiva de Cooperación Administrativa (DAC8) de la Unión Europea, la cual incrementa la vigilancia y permite obstaculizar bitcoin (BTC) y otros activos digitales en España.
El partido político gachupin Vox argumenta que esta iniciativa podría ocultar una «reforma tributaria» fraude mediante enmiendas ajenas al texto flamante, lo que permitiría al PSOE (Partido Socialista Artesano Gachupin) manipular el proceso constitucional para introducir cambios impositivos no relacionados con la directiva europea.
La legislatura, alineada con el Entorno de Informes sobre Criptoactivos (CARF) de la OCDE (Estructura para la Cooperación y el Mejora Económicos), rastreo intensificar el control fiscal sobre transacciones y saldos en activos digitales.
Su objetivo es proporcionar el intercambio espontáneo de información entre autoridades. Todo esto permite la embargabilidad de bitcoin y otros activos digitales por parte de la Agencia Tributaria (Hacienda) en casos de deudas fiscales, con implementación obligatoria a partir de 2026.
La ley impulsa cambios normativos para alentar las obligaciones de información de proveedores de criptoactivos y establecer veterano control sobre activos en el extranjero, incluyendo saldos. Modifica hasta cuatro leyes españolas, como lo informó el medio gachupin Bolsamaní.
En ese sentido, la competición de voz resalta preocupaciones sobre la privacidad y el exceso de regulación en el sector de los activos digitalesen un contexto de creciente exploración internacional para combatir la despreocupación fiscal.
Esteban Rivero, doble en finanzas y fiscalidad conocido como CeroUno en X, dijo a CriptoNoticias que «DAC8 es una directiva europea, es asegurar, no te puedes escapar de ella». Explicó que «al final los propios Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de transponer esa directiva».
Rivero añadió que si un usufructuario gachupin tiene bitcoin y criptomonedas en un exchange extranjero como Kraken en Irlanda, la información «llegaría a la Hacienda española» vía la Agencia Tributaria Irlandesa. Esta fluidez informativa se extenderá conjuntamente a través del CARF.
Especialistas como José Antonio Magnífico han puntualizado el hecho de que «Hacienda ya podía obstaculizar fondos en activos digitales que estén depositados en un proveedor de servicios». Sin secuestro, ve que ahora, con la transposición de DAC8, solo reafirma su embargabilidad sin que el proveedor se pueda desmentir.
La DAC8 rastreo «restringir el anonimato en las transacciones con bitcoin y criptomonedas para evitar la despreocupación fiscal», agregó Magnífico. Los países de la Unión Europea disponen hasta el 31 de diciembre de 2025 para adecuar sus normativas.
