El Congreso de la Repรบblica de Guatemala aprobรณ la Ley Integral para la Prevenciรณn y Represiรณn del Lavado de Plata u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, identificada como el Decreto 15-2026.
Los legisladores aprobaron con 147 votos a amparo de un total de 160 diputados. La ley avanzรณ en el tercer debate tras una sesiรณn extraordinaria y entrarรก en vigor tres meses a posteriori de su publicaciรณn en el Diario Oficial.
Esta nueva legislatura, que se presentรณ inicialmente en septiembre de 2025, actualiza un entorno lรญcito que tenรญa 25 primaveras de vigencia e incluye de forma explรญcita, por primera vez en la historia del paรญs centroamericano, al sector de las criptomonedas bajo la supervisiรณn directa del Estado.
Las plataformas de intercambio, firmas de custodia y proveedores de servicios de activos virtuales pasarรกn a ser considerados sujetos obligados delante la Intendencia de Demostraciรณn Peculiar (IVE).
La cรณdigo deroga los decretos previos establecidos en 2001 y 2005 con la finalidad de igualar las polรญticas de control financiero y cumplir con las recomendaciones del Agrupaciรณn de Acto Financiera Internacional (GAFI).
La audacia rebate a la obsolescencia de las herramientas jurรญdicas anteriores frente a las dinรกmicas del mercado presente y la apariciรณn de nuevos activos digitales en la riqueza mundial. Con esto, las autoridades guatemaltecas buscan robustecer la credibilidad internacional del paรญs delante los inversores y el sistema bancario corresponsal.
A pesar de que el decreto aรบn se encuentra a la retraso de su publicaciรณn oficial y del exposiciรณn de su reglamento tรฉcnico, el texto define que el enfoque preventivo se trasladarรก de la banca tradicional con destino a el conjunto de las actividades econรณmicas.
Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) deberรกn adecuar sus operaciones y contraer las mismas responsabilidades administrativas que los bancos y otras entidades reguladas.
De acuerdo con el documento asamblea revisado por CriptoNoticias, la legislatura regularรก actividades especรญficas en el interior del ecosistema de las criptomonedas, tales como el intercambio, la custodia, las transferencias, la teledifusiรณn de activos virtuales y la administraciรณn de plataformas de negociaciรณn.
La fiscalizaciรณn e identificaciรณn (KYC) exigida por las autoridades se aplicarรก estrictamente con fines de prevenciรณn de enlucido de capitales y financiamiento del terrorismopor lo que no prejuzga ni garantiza la extracciรณn de licencias comerciales automรกticas para especular.
Los proveedores regulados tendrรกn que inscribirse obligatoriamente delante la Superintendencia de Bancos a travรฉs de la Intendencia de Demostraciรณn Peculiar. El incumplimiento de este registro acarrearรก sanciones de carรกcter burรณcrata que van desde los 500 dรณlares hasta los 500.000 dรณlares estadounidenses, dependiendo de la pesantez de la yerro.
Las firmas del sector de las criptomonedas estarรกn forzadas a implementar un enfoque basado en peligro. Esto incluye la creaciรณn de un manual de prevenciรณn con polรญticas de mitigaciรณn de delitos financieros, el designaciรณn de un oficial de cumplimiento que pertenezca a la inscripciรณn administraciรณn y la ejecuciรณn de auditorรญas internas y externas de forma periรณdica, tal como lo exige el GAFI.
Otro de los puntos crรญticos de la cรณdigo es la prohibiciรณn del anonimato en las transacciones con activos digitales. Las plataformas deberรกn aplicar polรญticas estrictas de debida diligencia o conocimiento del cliente, lo que obliga a identificar y confirmar la identidad del beneficiario y del beneficiario final mediante fuentes confiables antaรฑo de establecer cualquier relaciรณn comercial.
Asimismo, la legislatura exige que los controles sean mรกs rigurosos cuando se procesen operaciones con tecnologรญas que dificulten el rastreo de los fondos.
En materia de reportes, las empresas de criptomonedas reportarรกn directamente a la IVE cualquier transacciรณn inusual que carezca de fundamento crematรญstico o lรญcito evidente a travรฉs de un Reporte de Transacciรณn Sospechosa. De igual forma, se establece la obligaciรณn de sustentar un registro diario e informar periรณdicamente sobre cualquier operaciรณn en efectivo que supere los 10.000 dรณlares o su equivalente en la moneda franquista.
La nueva ley guatemalteca pensada para mitigar el lavado de mosca y que aborda a las criptomonedas, echรณ por tierra la iniciativa 6538 que, como informรณ este medio, buscaba regular el uso de bitcoin (BTC) y otros activos digitales en el paรญs. De hecho, la informaciรณn sobre ese tesina de ley ya no estรก arreglado en el portal de transparencia del Congreso de Guatemala.
La habilitaciรณn al Decreto 15-2026 genera un debate en el entorno empresarial correcto al incremento considerable en los costos operativos y de cumplimiento para las empresas que antaรฑo operaban fuera del radar de supervisiรณn bajo el habitual del GAFI. La verso chica y los umbrales tรฉcnicos que regirรกn la operatividad diaria de los proveedores de activos digitales se definirรกn una vez que el Poder Ejecutor emita la reglamentaciรณn complementaria.
