La construcción fiscal para bitcoin y criptomonedas en España entró en una etapa definitiva. Eso es porque el Servicio de Hacienda inició el proceso de audiencia pública para un plan de orden que establece los nuevos modelos de proclamación para activos digitales.
Esta medida, gestionada por la Agencia Tributaria (AEAT), impone a los proveedores de servicios, como exchanges y plataformas de custodia, la obligación de suministrar información detallada sobre las operaciones y saldos de sus usuarios residentes en el país.
El despliegue normativo, que entró en una nueva etapa el 10 de marzo de 2026, rebate a la transposición de la Directiva Europea DAC8, diseñada para integrar los activos digitales en el sistema de intercambio inconsciente de información de la Unión Europea, como lo reportó CriptoNoticias.
Aunque España ya había innovador en la regulación reglamentaria durante 2025, esta nueva orden define los protocolos técnicos necesarios para que las plataformas cumplan con los plazos de aplicación que, a posesiones prácticos, entraron en vigor el 1 de enero de 2026.
La nueva legislatura deroga los protocolos nacionales previos para sustituirlos por un situación de reporte armonizado con los estándares internacionales de la Ordenamiento para la Cooperación y el Ampliación Económicos (OCDE). Y ahora, el núcleo del plan se articula a través de cuatro instrumentos secreto:
El presente plan de orden tiene por objeto la aprobación del maniquí censal de operadores de criptoactivos 042 y los modelos 172, 175 y 721.
Memoria del Estudio de Impacto Normativo, Servicio de Hacienda (marzo de 2026).
Bajo esta estructura, el Maniquí 042 funcionará como un registro obligatorio para operadores, mientras que los Modelos 172 y 175 capturarán la fotografía anual de saldos y el detalle de transacciones, respectivamente.
Este postrer incluye un espectro amplio de actividades que van desde la compraventa convencional de bitcoin y criptomonedashasta el staking, los préstamos y la recibimiento de airdrops. Por su parte, el Maniquí 721 mantiene la vigilancia sobre los activos situados en el extranjero, reforzando el capacidad de la fiscalización internacional.
La legislatura exige que las empresas apliquen procedimientos de diligencia debida para realizar la residencia fiscal de sus clientes y reportar los títulos en euros según el precio de mercado.
No obstante, el texto mantiene una distinción técnica fundamental, como es el hecho de que la obligación de reportar recae sobre los intermediarios, lo que deja fuera del intercambio inconsciente de información a aquellas tenencias gestionadas mediante monederos de autocustodia donde no intervenga un proveedor de servicios.
Esta transición genera opiniones encontradas. Algunos miembros de la comunidad de activos digitales de España señalan que el reporte inconsciente supone una deterioro de la privacidad en los entornos centralizados y un incremento en los costos operativos de cumplimiento para las empresas.
En contraste, analistas financieros destacan que la medida es un paso necesario para someter los riesgos de despreocupación y para equiparar el tratamiento de las criptomonedas con el de otros activos financieros tradicionales adentro del mercado único europeo.
En todo caso, el periodo de audiencia pública permanecerá hendido hasta el 30 de marzo de 2026. Una vez finalizado el exploración de las alegaciones, el texto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), habilitando así la maquinaria para que los datos generados durante el presente examen sean comunicados formalmente a la sucursal tributaria a partir de 2027.
