Para los usuarios de bitcoin (BTC) y criptomonedas que habitan en Colombia o realizan transacciones con stablecoins, el panorama ha cambiado. Eso es porque el país sudamericano se suma a un estereotipado total de transparencia que obligará a los exchanges, y a otros proveedores de servicios, a revelar los movimientos de sus clientes.
A través de la nuevo Resolución 000240, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) está dando un paso firme en dirección a la vigilancia total de los activos digitales.
La medida avala a un mandato de la Estructura para la Cooperación y el Avance Financiero (OCDE), la cual estableció el Entorno de Reporte de Criptoactivos (CARF, por sus siglas en inglés).
En términos sencillos, quiere asegurar que Colombia ha decidido conversar el mismo idioma que las grandes economías del mundo. Su objetivo es que el ecosistema de los activos digitales no se convierta en un refugio para la entretenimiento fiscal, como lo ha venido informando CriptoNoticias.
Por lo tanto, a partir del año gravable 2026 los «Proveedores de Servicios de Criptoactivos» se convertirán en informantes de la DIAN. Quiere asegurar que todos los usuarios que compren, vendan o transfieran activos como bitcoin, ether (la criptomoneda de la red Ethereum) o stablecoins como USDT y USDC, deben conocer que su información dejará de ser privada.
Estas empresas deberán reportar quién es el dueño de las cuentas, el pandeo de operacionesel número de unidades transaccionadas y el valencia de mercado de cada movimiento.
Primer periodo de observación
Aunque la resolución entró en vigor el pasado 24 de diciembre de 2025, el temporalizador empezará a contar con fuerza en 2026. Por ello los usuarios deben tener en cuenta que este año será el primer periodo de observación total. Y que cada transacción que realice quedará registrada en los servidores de los proveedores de servicios.
Mayo de 2027 es la vencimiento linde para que las plataformas entreguen el primer gran reporte masivo a la DIAN.
La norma es amplia. Afecta tanto a personas naturales como jurídicas que actúen como intermediarios. Pero el noticia que más debe interesar al ciudadano de a pie es el de los pagos minoristas. Esto porque la DIAN recibirá alertas automáticas por transferencias y pagos que superen los 50.000 dólares.
Incluso si los usuarios no alcanzan esas cifras, la información de su residencia fiscal y sus saldos netos (libres de comisiones) formará parte de un archivo XML que la DIAN procesará electrónicamente.
El costo de no cumplir
Para las empresas de criptomonedas, el beneficio de error es intrascendente. Las sanciones por no reportar, o por entregar información con errores, pueden ser devastadoras, alcanzando hasta el 1% del valencia total de las operaciones no informadas. Como señala la firma lícito Holland & Knight, la rigurosidad del calendario no deja espacio a dudas porque la transparencia es ahora una obligación lícito ineludible.
En presencia de ello, para los usuarios de criptomonedas que viven en Colombia, la recomendación de los abogados es sostener orden y transparencia con sus operaciones. Es asegurar, sostener un registro de sus precios de transacción y cesión de activos digitales. Lo consideran secreto porque la DIAN cruzará información y los usuarios deben ser capaces de explicar el origen de sus fondos.
En definitiva, Colombia está cerrando la brecha entre la innovación tecnológica y el control tributario. Para el inversor, esto significa un mercado más regulado. Para el sistema fiscal, representa la entrada formal de la riqueza digital a las arcas del Estado.
