La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobΓ³ el lunes 25 de mayo, en segundo debate y por unanimidad, una reforma a la Ley 7786 que establece obligaciones concretas para los proveedores de servicios de activos virtuales. Esto especialmente en materia de prevenciΓ³n de certificaciΓ³n de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferaciΓ³n de armas de destrucciΓ³n masiva
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.340, argumenta en parte a una presiΓ³n internacional. En 2024, el Rama de EnergΓa Financiera Internacional (GAFI) seΓ±alΓ³ a Costa Rica la escazes de corregir el hueco regulatorio en torno a las empresas que operan con criptoactivoscon el fin de evitar el lavado de mosca.
De no hacerlo, el paΓs corrΓa el peligro de caer en la repertorio plomizo, lo que habrΓa encarecido los prΓ©stamos internacionales y generado desconfianza en el sistema bancario costarricense.
La iniciativa cuenta con el apoyo de las cuatro superintendencias βla Superintendencia Militar de TΓtulos (Sugeval), la Superintendencia Militar de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia de Pensiones (SupΓ©n) y la Superintendencia Militar de Seguros (Sugese)β, asΓ como del Consejo Franquista de SupervisiΓ³n del Sistema Financiero (Conassif).
La reforma define como activo posible toda representaciΓ³n digital de valencia que puede comercializarse o transferirse digitalmente para pagos o inversiones, aunque no tenga curso judicial como moneda en Costa Rica.
Considera proveedor de servicios a cualquier persona fΓsica o jurΓdica que, como negocio, realice intercambio entre activos virtuales y monedas de curso judicial, asΓ como transferencias, custodia o despacho de esos activos.
Entre las obligaciones que impone la ley figuran la identificaciΓ³n de clientes y beneficiarios finales, la debida diligencia, el mantenimiento de registros de transacciones y el reporte de operaciones sospechosas frente a la Dispositivo de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
El texto ademΓ‘s obliga a los proveedores a inscribirse frente a la Sugef, aunque esa inscripciΓ³n no equivale a una autorizaciΓ³n de operaciΓ³n. Las multas oscilarΓ‘n entre el 5% y el 50% del monto de la transacciΓ³n en ciertos incumplimientos, y entre dos y 100 salarios almohadilla (entre 1.800 y 90.000 dΓ³lares) cuando se incumplan deberes de inscripciΓ³n, debida diligencia o entrega de informaciΓ³n.
Sin requisa, voces del sector, como la de la abogada Stephanie SΓ‘nchez, advierten que la reforma es insuficiente por sΓ sola, como lo ha informado CriptoNoticias. Un esquema preliminar para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales fue archivado, y desde la industria seΓ±alan que las iniciativas existentes no otorgan seguridad jurΓdica plena al ecosistema digital.
En ese contexto, la AsociaciΓ³n Blockchain de Costa Rica (Asoblockchain) abriΓ³ el 15 de mayo una consulta pΓΊblica sobre una propuesta de ley situaciΓ³n βdescrita como Β«prΓ‘cticamente el CΓ³digo Civil de la industria descentralizadaΒ»β que estarΓ‘ abierta hasta el 15 de junio de 2026 y rastreo enriquecer el paΓ±o con aportes ciudadanos.
La nueva ley vinculada a bitcoin y criptomonedas otorga un plazo de tres meses para su reglamentaciΓ³n y entrarΓ‘ en vigor tres meses posteriormente de su publicaciΓ³n en La PeriΓ³dico.
Con la reglamentaciΓ³n aΓΊn por definirse, la efectividad de la norma dependerΓ‘ de cΓ³mo la Sugef implemente la supervisiΓ³n en la destreza. El debate sobre si Costa Rica necesita un situaciΓ³n regulatorio mΓ‘s integral para la crematΓstica digital casi nada comienza.
