Para muchos bitcoiners, New Hampshire ha hecho historia. Tras varios meses de trabajo constitucional, se ha convertido en la primera comarca de EE. UU. en aprobar una gerencia de BTC. El esquema de ley HB 302 obtuvo respaldo en el Senado estatal y finalmente fue firmado por la gobernadora Kelly Ayotte, convirtiéndose así en ley.
Lo que ha rematado New Hampshire no es pequeño. Arizona y Florida son prueba de lo difícil que es avanzar en esta dirección. En el caso de Arizona, aunque el esquema SB 1025 parecía tener buenas posibilidades —había superado todas las instancias legislativas—, fue finalmente vetado por la gobernadora. En Florida, las propuestas HB 487 y SB 550, que buscaban integrar BTC en las finanzas estatales, acabaron pospuestas de forma indefinida.
Así, lo que buscan las autoridades de la población es establecer una reserva estratégica que permita al riquezas estatal diversificar no más del 5% de los fondos públicos en activos como metales preciosos (oro, plata y platino) y criptomonedas con una capitalización de mercado superior a los USD 500 mil millones, que es donde entra bitcoin. Estos activos podrán mantenerse directamente por el estado mediante soluciones de custodia seguras.
Ahora que la gobernadora Kelly Ayotte ha firmado el esquema de ley HB 302, el posterior paso será la creación formal de la reserva estratégica. No obstante, hay que tener en cuenta que la iniciativa entrará en vigor 60 días luego de su firma; es proponer, rodeando del 5 de julio de 2025. Este plazo es habitual en el proceso constitucional de New Hampshire, donde las leyes suelen aplicarse dos meses luego de ser promulgadas, incólume que se indique una momento específica. Ejemplos recientes, como SB 255, siguen este mismo patrón.
Tan pronto como se cumpla ese plazo, el Unidad del Hacienda de New Hampshire tendrá que diseñar un entorno operante con políticas claras de inversión que definan cuánto del 5% de los fondos públicos se destinará a bitcoin. Es probable que estas compras se realicen de forma sucesivo para mitigar los artículos de la volatilidad, asegurando una diligencia prudente de los capital estatales.
Una vez definido el entorno operante, el tesorero seleccionará a los proveedores encargados de ejecutar los activos de la reserva estratégica. La ley HB 302 establece que los bitcoin deben resguardarse mediante soluciones de custodia que mantengan las claves privadas en centros de datos seguros, o a través de custodios regulados, como bancos o firmas especializadas. Estos proveedores deberán cumplir con auditorías periódicas y contar con protocolos de recuperación en presencia de desastres para minimizar los riesgos cibernéticos. Por otra parte, el tesorero implementará informes periódicos sobre el desempeño de las inversiones.
Con los proveedores seleccionados y las medidas de seguridad implementadas, lo establecido en la ley HB 302 indica que finalmente se dará inicio a las inversiones en BTC. Para proteger frente a los movimientos bruscos del mercado, es probable que se apliquen estrategias como límites de exposición y ajustes en las asignaciones según las condiciones económicas. Por otra parte, el tesorero deberá estar preparado para adaptarse a posibles cambios en la regulación federal que puedan impactar la tenencia de criptoactivos.
Adentro de Estados Unidos, esta iniciativa posiciona a New Hampshire como un pionero en la incorporación de BTC en las finanzas públicas, con un potencial impacto que podría trascender sus fronteras. Si el esquema resulta exitoso, podría motivar a funcionarios de otras jurisdicciones a replantear sus objeciones de forma más constructiva, y a explorar la evidencia de que bitcoin ya no es una tecnología de hornacina, sino una utensilio integrada en la vida cotidiana de cientos de miles de personas. Esto daría impulso a proyectos de ley estancados, ayudándolos a sumar apoyos y a conseguir victorias legislativas.
