Bolivia se ha consolidado como uno de los países de América Latina que más rápido está avanzando en la apadrinamiento de criptomonedas, al punto de ubicarse entre los 20 mercados con maduro crecimiento integral según informes recientes de Chainalysis.
Este mejora silencioso pero sostenido ha despertado curiosidad: ¿Qué está ocurriendo verdaderamente en el altiplano? Para comprender el estado flagrante del ecosistema boliviano, CriptoNoticias conversó con Mauro Alejandro Chirinos, presidente de la Asociación Blockchain Bolivia (Asoblockchain) y un referente de la comunidad circunscrito.
Chirinos explicó que el camino de las criptomonedas en Bolivia ha sido dilatado y tortuoso, impresionado por idas y venidas. En 2010, el Mesa Central de Bolivia (BCB) prohibió expresamente —medida reforzada en 2020 mediante la Resolución 144— el uso de pasarelas de suscripción con criptoactivos con el objetivo de alertar fraudes.
Sin incautación, en junio de 2024, mediante la Resolución de Directorio 082, se levantó esa prohibición. Este letra de 180 grados, motivado por la profunda crisis cambiaria y la escasez crónica de dólares, habilitó las transacciones electrónicas con activos virtuales. El resultado fue inmediato, ya que entre julio de 2024 y mayo de 2025 el pandeo de operaciones se disparó un 630%, alcanzando los 294 millones de dólares solo en el primer semestre de 2025.
Bajo el gobierno de Luis Arce, los Decretos Supremos 5348 y 5384 (emitidos en enero y mayo de 2025, respectivamente) transfirieron a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) la responsabilidad de normar proveedores de servicios de activos virtuales y fintech, culminando en la Resolución ASFI 540/2025 en julio.
«Con este decreto supremo, sale lo que viene a ser el tema de la reglamentación por parte de ellos, específicamente los proveedores de servicios de activos virtuales, pero igualmente las empresas de tecnología financiera», explicó Chirinos durante la entrevista, destacando cómo esta norma describe conceptos esencia como activos digitales, tokens, stablecoins, pero sin cerrar todos los vacíos regulatorios, como el tributario.
¿Binance necesita un socio circunscrito en Bolivia?
Una de las principales ambigüedades, según Chirinos, es que empresas extranjeras o exchanges de criptomonedas foráneos deben formar algún tipo de alianza con una entidad circunscrito para establecerse formalmente.
Sin incautación, bajo ciertas circunstancias pueden seguir accesibles para los usuarios bolivianos sin registro circunscrito. Esto deja a los ciudadanos en una posición débil. Esto, porque al no estar supervisadas por la ASFI, las plataformas no ofrecen las mismas garantías ni mecanismos de protección que una entidad regulada loca. Un hecho que expone a los usuarios a riesgos en caso de fraude, hackeo o decadencia.
Una confusión esencia del reglamento es que empresas foráneas como Binance o BitGate deben formar alianzas con entidades locales para establecerse formalmente; no pueden intervenir independientemente. Las startups fintech, por su parte, ingresan a un sandbox regulatorio —un entorno de pruebas controlado— donde se registran y evalúan, aunque el proceso no está del todo claro.
Mauro Alejandro Chirinos, presidente de Asoblockchain Bolivia.
No obstante, las plataformas extranjeras no están obligadas a constituirse o aliarse si no mantienen alianzas con entidades locales. Pueden intervenir independientemente accesibles para usuarios bolivianos (por ejemplo, vía apps o web), siempre que no ofrezcan servicios conjuntos con ETF locales ni violen normas antilavado de billete.
Según Chirinos, esto explica por qué exchanges como Binance continúan disponibles en Bolivia sin registro circunscrito, pero si quisieran una sucursal o un acuerdo de colaboración formal, entrarían en el ámbito de alianzas obligatorias.
Otros analistas del ecosistema como Alison Berbetty, de la Cámara Boliviana de BlockchainCablock, critican la yerro de transparencia en los criterios de evaluación. «¿Qué pasa si el regulador no tiene equipos capacitados? ¿Cuáles son los umbrales exactos para aprobar una prueba?, se pregunta Berbetty.
Esta confusión es traza como un aspecto que podría convertirse en un «filtro discrecional» que frena la innovación, especialmente para pequeñas startups extranjeras interesadas en alianzas.
Impuestos, un tema irresoluto para las criptomonedas en Bolivia
Adicionalmente Chirinos pone el dedo en una absceso esencia al señalar que el reglamento de la ASFI (Resolución 540/2025) no aborda impuestos para criptoactivos ni fintechdejando este aspecto en un orla. Esto es deliberado en el sandbox, diseñado como un «entorno de pruebas» para intentar bajo la código boliviana sin cargas fiscales inmediatas, fomentando la innovación.
Como él implica, quedan en el melodía las preguntas de ¿cómo declaran ganancias las startups durante las pruebas? ¿Se aplican impuestos generales (como el IVA o el Impuesto a las Transacciones Financieras) a transacciones P2P con stablecoins como USDT, que dominan el 86% de las operaciones con criptomonedas en Bolivia? Sin un situación tributario específico, persiste la informalidad, y por eso que advierte de un «hueco problemático» en contabilidad y finanzas.
Para el nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira (asumido en noviembre 2025), cerrar estos huecos —con guías fiscales y criterios transparentes— podría cambiar la zona monótono en un puente sólido. Para lograrlo, Chirinos promueve educación masiva para 2026. Dice que sin atención a estos medios, el «trabajar de forma constitucional» queda a medias, exponiendo a usuarios y emprendedores a riesgos innecesarios.
