La Agencia de Control y Cobranza Aduanero (ARCA), el organismo de recaudo fiscal en Argentina que hasta el año pasado se llamaba AFIP, actualizó hoy los umbrales mínimos de movimientos financieros que podrá monitorear de los ciudadanos. Esto es poco que, aunque no lo aclara en el anuncio oficial, aplicaría además a quienes usan exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas.
ARCA anunció que el monto leve de las transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales que le serán informadas sube de 2 millones de pesos a 50 millones de pesos para personas físicas y a 30 millones de pesos para personas jurídicas.
Si aceptablemente las medidas se reglamentarán mediante resoluciones generales que se publicarán en las últimas horas en el Boletín Oficial del Gobierno, se estima que los movimientos en exchanges de criptomonedas aplicarán como billeteras virtuales. Así lo señaló el contador doble en tributación, Marcos Zocaro, a CriptoNoticias, indicando que se prórroga que esto sea aclarado en la norma.
Actualmente, los exchanges de bitcoin y criptomonedas que están obligados a informar al fisco en Argentina son aquellos que están registrados como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). Algunos de los que están inscriptos así son Binance, Coinbase, Ripio, Buenbit, Belo, Bitso y Bit2Me.
Adicionalmente de las plataformas virtuales, ARCA además informó un aumento del principio informativo para las transferencias y acreditaciones bancarias, extracciones en efectivo, plazos fijos y tenencias en agentes de cómputo y compensación (AlyCs). Puede encontrarse los detalles de cada uno en la subsiguiente tabla que compartió el organismo.
La medida escudriñamiento proteger la privacidad de los ciudadanos
El organismo informó por otra parte que desde ahora las empresas administradoras de tarjetas de crédito ya no deberán informar a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de suscripción. «Los consumos personales van a estar resguardados como toda información privada», dijo al respecto.
Sumado a ello, eliminó el régimen informativo que regía para una serie de sectoresincluyendo de escribanía, operaciones de compra-venta de vehículos usados, pagos de desembolso, transferencias de inmuebles, y servicios públicos y de telefonía.
Asimismo, prohibió a los bancos solicitar declaraciones juradas de impuestos nacionales, permitiendo a las personas negarse si se le exigen y aparecer a Defensa del Consumidor si fuera necesario.
Las medidas, hechas por el gobierno de Javier Milei, tienen como objetivo «proteger la privacidad de los ciudadanos, simplificar el cumplimiento impositivo y robustecer la formalización económica».
