La Suprema Corte de Imparcialidad de la Nación (SCJN) establece un nuevo precedente en la vigilancia financiera de México que impacta directamente en el uso de bitcoin (BTC) y otros activos digitales.
Al resolver constitucional la atribución de la Dispositivo de Inteligencia Financiera (UIF) para encerrar cuentas bancarias sin orden legal previael tribunal otorga al Poder Ejecutante una capacidad de intervención inmediata sobre el patrimonio de los ciudadanos; un proceso que hasta ahora dependía estrictamente de la autorización de un árbitro.
La resolución, emitida este 6 de abril tras analizar la movimiento de inconstitucionalidad 58/2022, revierte criterios previos de la propia Corte. Anteriormente, estos bloqueos administrativos solo eran válidos en presencia de peticiones de organismos extranjeros.
Así, el nuevo defecto faculta ahora a la UIF para interpretar de forma autónoma en presencia de sospechas de origen delictivo tópico, con el fin de cumplir los estándares internacionales del Camarilla de Acto Financiera Internacional (GAFI) en la prevención del lavado de patrimonio.
En la praxis, este cambio oficinista altera el orden de los procedimientos: primero se ejecuta el congelamiento de fondos y luego se otorga el derecho de audiencia. Según el comunicado oficial de la SCJN, la medida es válida siempre que «se cojín en indicios de operaciones ilícitas y respeta el derecho de defensa».
Por ello, implica que el agraciado afectado deberá comparecer en presencia de la Secretaría de Hacienda para acreditar el origen permitido de su patrimonio, un proceso que se desarrolla en el ámbito oficinista antaño de poder ser impugnado en tribunales.
¿Cómo afecta la medida a los usuarios de bitcoin?
Para los usuarios de bitcoin, esta medida impacta directamente en los «puntos de salida» en dirección a el sistema fíat. Hexaedro que la Ley Fintech en México ya cataloga las operaciones con activos virtuales como actividades vulnerables, los exchanges de bitcoin y otros criptoactivos tienen la obligación de informar sobre transacciones que superen ciertos umbrales.
En la contemporaneidad prácticamente la mayoría de las operaciones de transacción/saldo de bitcoin o stablecoins en exchanges mexicanos deben reportarse mensualmente a la UIF a través de la autoridad fiscal de México.
Sin confiscación, con la nueva potestad de la UIF, cualquier transferencia desde estas plataformas en dirección a una cuenta bancaria considerada sospechosa puede ser bloqueada de inmediato, sin que medie una investigación penal abierta o la firma de un árbitro.
Esta atribución ha generado posturas encontradas. Mientras el Gobierno argumenta que la agilidad es cardinal para proteger el sistema financiero de flujos criminales, organizaciones civiles, legisladores de competición sostienen que la medida debilita el control legal sobre los actos de autoridad.
En este nuevo tablas, la carga de la prueba se desplaza en dirección a el cuentahabiente, quien deberá mandar la libertad de sus medios mediante trámites administrativos mientras su acercamiento al sistema bancario permanece suspendido.
Mientras tanto, en la comunidad de bitcoin y criptomonedas, usuarios expresan preocupación porque muchos dependen de cuentas bancarias para convertir sus criptoactivos a pesos mexicanos o al revés. Entre las voces críticas destaca el analista del ecosistema BtcAndres, quien alertó sobre los riesgos para los usuarios de bitcoin en el país.
Esta resolución ocurre en un contexto de creciente integración entre criptoactivos y el sistema bancario mexicano. Como lo informó CriptoNoticias, en noviembre de 2025 el exchange Bitget lanzó una función que permite convertir USDT y USDC directamente a pesos mexicanos y transferirlos a cuentas en más de 35 bancos locales a través del sistema SPEI. Según la compañía, esta aparejo sondeo proveer pagos cotidianos, remesas y liquidaciones sin subordinarse de operaciones P2P.
