Paraguay, a trav茅s de la Direcci贸n Franquista de Ingresos Tributarios (DNIT), est谩 endureciendo el control fiscal sobre bitcoin (BTC) y criptomonedas en plena transformaci贸n de su mercado financiero. El pa铆s suramericano est谩 formalizando un nuevo situaci贸n de vigilancia para las operaciones con activos digitales al informar la Resoluci贸n Normal N掳 47/26, este 11 de marzo de 2026.
El documento aclara que el organismo ahora impone a las plataformas y administradores la obligaci贸n de reportar detalladamente cada transacci贸n realizada por sus usuarios. La medida examen integrar bitcoin y otros activos digitales a la coj铆n recaudatoria del pa铆s.
La resoluci贸n exige a los sujetos obligados presentar declaraciones juradas con datos t茅cnicos exhaustivos, incluyendo direcciones de monederos (wallets), redes utilizadas e incluso el hash de cada operaci贸n.
Si correctamente la oficina defiende la medida como un paso necesario para compendiar la opacidad y fiscalizar una actividad econ贸mica al elevaci贸n, el requerimiento de datos sensibles causa debates iniciales sobre el efecto de la vigilancia estatal y el derecho a la privacidad financiera en entornos descentralizados.
Sin incautaci贸n, la medida se enmarca en el cumplimiento de las recomendaciones del Asociaci贸n de Entusiasmo Financiera Internacional (GAFI), que desde 2019 exige a los pa铆ses regular los criptoactivos como parte de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En sus actualizaciones de 2025 y febrero de 2026, reportadas por CriptoNoticias, el GAFI destaca la obligaci贸n de maduro transparencia en transacciones con activos digitales, incluyendo reportes detallados y mitigaci贸n de riesgos en proveedores de servicios y wallets no custodiadas. As铆 que, Paraguay, como miembro de GAFILAT, avanza en esta recta para robustecer su sistema antilavado de peculio y evitar mayores escrutinios internacionales.
Esta fiscalizaci贸n transversal se produce en un momento de transici贸n leg铆timo para el pa铆s, bajo los mercanc铆a de la Ley N掳 7572/2025 del Mercado de T铆tulos y Productos. Aunque es fundamental distinguir que, mientras la Superintendencia de T铆tulos (SIV) supervisa espec铆ficamente los activos tokenizados que representan derechos de cr茅dito o propiedad, la nueva norma de la DNIT ejerce una vigilancia de car谩cter tributario que alcanza a todas las operaciones, incluyendo el uso de criptomonedas descentralizadas como medio de intercambio.
Deseo y carga administrativa con criptoactivos en Paraguay
El Gobierno paraguayo aspira a profesionalizar un mercado de capitales cuya d茅cimo en el PIB dom茅stico se dispar贸 del 1% al 15% en la 煤ltima decenio. 芦Durante el 2026 se completar谩 la primera procreaci贸n de reglamentos habilitantes y se avanzar谩 en innovaci贸n, como fondos privados y tokenizaci贸n禄, se帽al贸 en noviembre de 2025 Rodrigo Ruiz, superintendente de T铆tulos.
Sin incautaci贸n, comentarios en la comunidad de bitcoin plantean dudas sobre si la efectividad del situaci贸n leg铆timo depender谩 de que la carga burocr谩tica y el recuento fiscal no terminen desincentivando la prohijamiento tecnol贸gica que la norma examen promover.
Por otro banda, el gobierno paraguayo adem谩s se alista para barrenar Bitcoin con 30.000 equipos incautados, al tiempo que pone particular pedanter铆a a la tokenizaci贸n de activos reales (RWA) en los sectores agroindustrial e inmobiliario. Su objetivo ostensible es atraer inversi贸n extranjera y compendiar costos de intermediaci贸n mediante el uso de contratos inteligentes, los cuales estar谩n ahora sujetos a auditor铆as obligatorias.
Para robustecer la transparencia institucional de este proceso, se prev茅 completar este a帽o la independencia eficaz de la Caja de T铆tulos de Paraguay (Cavapy), separando la custodia de activos de las funciones de negociaci贸n en bolsa.
Con este conjunto de medidas, Paraguay intenta equilibrar su af谩n de convertirse en un nodo regional competitivo con la obligaci贸n de establecer un control fiscal precioso. El 茅xito de su maniqu铆 reside en su capacidad para ofrecer seguridad jur铆dica a los inversores institucionales sin desplazar las operaciones de los usuarios minoristas alrededor de canales no supervisados por el Estado.
