Las reformas a la Ley Bitcoin de El Salvador entrarán en vigor en mayo, 90 días a posteriori de haberse publicado en el Diario Oficial del país. Esto significa que a partir de ese mes comenzarán a aplicarse, oficialmente, los cambios legislativos aprobados el 29 de enero y publicados un día a posteriori.
Como ya lo ha informado anteriormente CriptoNoticias, El Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó su apoyo financiero a la reforma de la ley Bitcoin salvadoreña, argumentando la carestia de «acortar los riesgos potenciales del plan», centrado en la moneda digital pionera. Julie Kozack, portavoz del organismo, reiteró a principios de febrero que el software exige «lindar las compras de Bitcoin según lo concertado»aunque no detalló montos ni plazos.
Es de destacar que el FMI ha mantenido una postura crítica y cautelosa respecto a la asimilación de Bitcoin por parte de El Salvador, una intrepidez que marcó un hito al convertirlo en el primer país en aceptar a la invención de Satoshi Nakamoto como moneda de curso constitucional pegado al dólar estadounidense en 2021. Este movimiento exaltó las preocupaciones de una institución que ha demostrado una inquietud constante por los riesgos que los activos digitales representan para la estabilidad financiera total.
Para asaltar sus preocupaciones, el FMI desarrolló la «Matriz de Evaluación de Riesgos de las Criptomonedas» (C-RAM), un ámbito detallado para detectar y evaluar lo que el organismo interpreta como riesgos macrofinancieros asociados con los criptoactivos. Con esta recorrido, el organismo averiguación identificar las «consecuencias nefastas» de Bitcoin y otros criptoactivos. Por esa razón, no era de expulsar que exigiera cambios en la Ley Bitcoin durante su negociación con el gobierno de Nayib Bukele.
Los cambios, tal como los ve el CEO de la empresa JAN3, Samson Mow, presentan un panorama complicado que puede impactar en el uso práctico de bitcoin. Así que, analizando los cambios, Mow encuentra varias preguntas que aún están sin respuestas, como si verdaderamente la moneda digital dejó de ser de curso constitucional en tierra salvadoreña o no.
Adicionalmente, Mow, se detiene especialmente en los artículos 7 y 8, los cuales prohíben al gobierno «tocar» bitcoineliminando su obligación de favorecer transacciones, lo cual abrió la puerta al desmantelamiento de la Chivo Wallet, la billetera estatal.
Otro aspecto que pira la atención de Mow es que el préstamo de 1.400 millones de dólares del FMI exige «confinar» el uso de Bitcoinpero como el término es ambiguo, el ejecutante bitcoiner pone en duda que, a partir de mayo, El Salvador pueda seguir acumulando BTC como reserva. Hasta ahora, el gobierno continúa con sus compras de un bitcoin diario y ya holdea más de 6.000 BTC en sus reservas. El acuerdo podría lindar futuras adquisiciones.
En definitiva, las reformas a la Ley Bitcoin en El Salvador, impulsadas por las condiciones del FMI, plantean interrogantes sobre el futuro del maniquí bitcoiner implementado por Bukele.
Mientras se va aclarando el panorama sobre lo que el acuerdo con el FMI significa para la asimilación de bitcoin en tierra salvadoreña, además queda claro que la nación centroamericana ya no es presencia como la fortaleza que resiste las presiones de los organismos defensores del sistema financiero tradicional, sino que ahora se ha convertido en un tentativa donde se posan los luceros del mundo para comprender cómo se equilibra en una nación la asimilación de tecnologías disruptivas con las normativas globales.
