El ecosistema de bitcoin (BTC) y los activos digitales ha dejado de ser un aberración periférico para integrarse plenamente en las estructuras tributarias de Iberoamérica.
Según un nuevo documentación técnico presentado por la firma judicial ECIJA, la región atraviesa una grado de formalización progresiva. El documento sentenció que “la tributación de las criptomonedas ya forma parte estructural de los sistemas fiscales” de la región y subrayó que la tendencia total no se encamina a la creación de nuevos tributos, sino a sostener que los marcos existentes se apliquen sobre el entorno digital descentralizado.
La investigación detalló que la calificación jurídica predominante para las monedas digitales en los países hispanohablantes —con excepción de El Salvador con bitcoin hasta enero de 2025— es la de aceptablemente inmaterial o activo intangible, y no de moneda de curso judicial.
Esta distinción es fundamental, ya que las operaciones de compraventa y permuta generan de modo inmediata una fruto o pérdida patrimonial sujeta a imposición, incluso cuando el becario no convierta sus fondos a fortuna fíat. “Lo que genera impactos fiscales que pueden no ser intuitivos”, indicó el documentación.
En concreto, el documentación analizó los casos de España, Perú, Colombia, Ecuador, Pimiento, Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Uruguay y México.
El estudio determinó que las diferencias entre países no radican tanto en la existencia o no de imposición, sino en el división de claridad norma, en la intensidad de las obligaciones formales y en la capacidad de fiscalización de cada oficina tributaria.
«La transformación norma observada sugiere que, en los próximos primaveras, el foco estará en la estandarización de criterios, el intercambio espontáneo de información y la consolidación de marcos regulatorios que integren definitivamente los activos digitales en el sistema tributario total», señaló la investigación.
Niveles de envero norma y el impacto en el inversionista
El carta fiscal trazado por el documentación de la firma española muestra una disparidad significativa en cuanto a la claridad de las reglas de serie. Países como España, Brasil, Pimiento y Argentina lideran la región con marcos regulatorios consolidados, según los hallazgos de ECIJA.
El documentación destaca que “en estos ordenamientos existe una maduro previsibilidad en cuanto a la tributación de operaciones complejas como el staking o la minería”.
En contraste, naciones como Guatemala, Perú y Ecuador presentan un exposición normativo incipientedonde la tributación depende de interpretaciones analógicas, lo que eleva el aventura fiscal para los operadores del sector. Según ECIJA, “esta disparidad genera distintos niveles de aventura fiscal para contribuyentes y operadores del sector”.
Uno de los puntos de maduro foco para la fiscalización es la logro de recompensas mediante protocolos. El estudio señala que “las recompensas por staking suelen calificarse como rendimientos del renta o ingresos ordinarios, dependiendo del división de estructura y habitualidad”.
Esto demuestra que para las autoridades “la naturaleza tecnológica de la operación no determina por sí misma su tratamiento fiscal; lo determinante es la estructura jurídica que cada sistema tributario proyecta sobre ella”, señala ECIJA en su investigación.
A pesar de la profundidad del estudio de ECIJA, la omisión de Venezuela lumbre la atención. Es que el país caribeño cuenta con una de las primeras normativas técnicas para la tributación de criptomonedas más detalladas de la región.
La Convenio de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela estableció en 2020 el normalizado VEN-NIF 12, el cual dicta normas estrictas para el registro contable de activos digitales bajo “tenencia propia”.
Este entorno permite a las entidades reverberar el valía auténtico de mercado de bitcoin en sus balances, funcionando como un mecanismo de protección patrimonial frente a la devaluación de la moneda almacén. Adicionalmente, en Venezuela está establecida la manifiesto de criptomonedas, más específicamente las rentas obtenidas por la cesión de bitcoin y otros activos digitales, mediante el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), como ha informado CriptoNoticias.
El documentación de ECIJA concluye que Iberoamérica se encuentra en una transición norma irreversible. El documento finaliza asegurando que “el principal desafío no radica en la creación de nuevos tributos, sino en la correcta interpretación y aplicación de los existentes, garantizando seguridad jurídica sin desincentivar la innovación tecnológica”.
