En el intrincado decorado de la regulación financiera de EE.UU., la sesión de markup (revisión y enmiendas) del Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) —programada por el Comité Bancario del Senado para el 15 de enero de 2026 a las 10:00 AM— fue oficialmente postergada. El anuncio lo realizó el presidente del comité, Tim Scott, tras evaluar la viabilidad de la votación y en medio de negociaciones bipartidistas que se extendieron hasta la sombra preparatorio.
El mensaje conocido del CEO de Coinbase, Brian Armstrong, precedió en horas a la intrepidez formal y actuó como catalizador secreto. Armstrong retiró el apoyo de Coinbase al trapoargumentando que sería «materialmente peor que el status quo presente».
Sus objeciones específicas mencionan un prohibición efectivo en la tokenización de acciones que impone requisitos tan estrictos que en la experiencia impide esta innovación sin prohibirla explícitamente.
Todavía le preocupan las restricciones en finanzas descentralizadas (DeFi) que otorgarían al gobierno camino prácticamente ilimitado a registros financieros, erosionando la privacidad; y enmiendas que eliminarían las recompensas en stablecoins (como los ofrecidos en USDC), beneficiando a bancos tradicionales y limitando la competencia.
Por otra parte, señaló un desequilibrio de poder que erosionaría la autoridad de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en honra de la Comisión de Bolsa y Títulos (SEC), un organismo con el que la industria mantiene una relación tensa.
Las criptomonedas deben ser tratadas en igualdad de condiciones con el resto de los servicios financieros para que podamos construir esta industria de forma segura y confiable en Estados Unidos.
Brian Armstrong, director ejecutante de Coinbase.
El principal rechazo corporativo documentado al esquema de ley para regular las criptomonedas es el de Coinbase. Sin secuestro, Ryan Rasmussen, director de investigación de Bitwise Asset Management, asimismo manifestó que se opuso al esquema de ley, el cual cree debe ser mejorado.
No todos dicen NO al trapo para regular las criptomonedas
De todas formas, el sector de las criptomonedas está acullá de ser acorde. Mientras Coinbase abandona la mesa, otros de la industria ven en la ley una balsa de rescate. Es lo que refleja Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, quien se posicionó en la margen opuesta, calificando el trapo como una utensilio necesaria para que el éxito del sector deje de ser una moneda al elegancia.
«Ripple sabe de primera mano que la claridad vence al caos», publicó Garlinghouse, cuya empresa ha pasado abriles enzarzada en batallas legales con los reguladores. Para Ripple, un entorno viable —aunque imperfecto— es preferible a la parálisis presente que drena capital en tribunales.
Este estancamiento evoca fantasmas recientes, como el esquema FIT21, que tras ser ratificado por la Cámara de Representantes en 2024, terminó congelado en los cajones del Senado.
No obstante, mientras Washington se pierde en un caos de enmiendas y vetosEuropa sigue avanzando bajo el reglamento MiCA, dejando a Estados Unidos en una posición de rezago regulatorio.
El trasfondo de esta disputa es, como siempre, crematístico. Solo en el tercer trimestre de 2025, Coinbase reportó ingresos por 355 millones de dólares vinculados a las stablecoins, un renglón que el CLARITY Act pretende remodelar eliminando las recompensas por tenencia, como fue reportado por CriptoNoticias.
Todo esto demuestra que en este momento lo que está en mecanismo en Estados Unidos es el control de una industria que está dando el paso para convertirse en pilar que influye de guisa decisiva en la estabilidad financiera de la veterano hacienda del mundo.
