El Consejo de Ministros de España aprobó este martes, en segunda revisión, el plan de ley para transponer la Directiva DAC8 de la Unión Europea, un paso básico para alentar el control fiscal sobre bitcoin (BTC) y criptomonedas en España. La norma, que ahora pasa al Congreso para su tramitación, permitirá a Hacienda conocer los activos digitales que los ciudadanos tengan en el extranjero, de autorizarse.
La ley obligará a los proveedores de servicios de criptoactivos a informar a Hacienda sobre las operaciones, saldos y datos de los usuarios, abarcando bitcoin, criptomonedas, tokens utilizados para agenciarse beneficios o servicios y mosca electrónico.
Todo esto forma parte de los ajustes que hace España con la norma DAC8 de la Unión Europea, centrada en el intercambio obligatorio de información fiscal entre países de miembros. Significa que la norma permitirá a España admitir datos de otros estados y de terceros con acuerdos de intercambio sobre los criptoactivos de residentes españoles.
La Comisión Europea estima que esta norma permitirá percibir 2.400 millones de euros adicionales en la UE mediante un viejo control fiscal.
Según el comunicado emitido por el Profesión de Hacienda, esta medida fortalecerá especialmente el control de activos digitales situados en el extranjero, cerrando lagunas en la fiscalidad de este sector en auge.
Una de las novedades más destacadas del plan es la autorización a la Agencia Tributaria para seducir bitcoin, criptomonedas y otros beneficios depositados en entidades de plazo y mosca electrónico para saldar deudas fiscales, poco que no contemplaba el entorno regulatorio vivo, como lo destaca la abogada Cristina Carrascosa.
Esta capacidad, hasta ahora limitada a cuentas bancarias tradicionales, marcará una nueva etapa en la fiscalidad española. Por otra parte, estas entidades estarán obligadas a reportar información sobre cuentas y saldos de sus clientesalineándose con las exigencias de los bancos tradicionales.
El plan argumenta a la obligación de transponer la DAC8 ayer del 31 de diciembre de 2025, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2026. Los primeros informes sobre las tenencias de bitcoin y criptomonedas por parte de los españoles en el extranjero se esperan en 2027, cubriendo las operaciones del año precedente.
Carrascosa, quien participó en el proceso yuxtapuesto a la Agencia Tributaria, destacó la importancia de la colaboración público-privada: “Confío en que trabajar juntos en normas técnicas y cambiantes, como las que afectan a la innovación, es la única forma de aprobar leyes justas, sensatas y eficaces. Siempre estaré a disposición para seguir trabajando en ello”.
España añade esfuerzos a la vigilancia sobre los activos digitales orientada por las líneas establecidas por la Unión Europea que ya cuenta con la regulación MiCA.
En definitiva, el nuevo plan de ley que ahora está en el Congreso de España, aún debe pasar el trámite parlamentario, pero desde ya marca un nuevo episodio en la crecimiento de la fiscalidad española a la hacienda digital. Esto con sanciones previstas para quienes incumplan las obligaciones propuestas que, aunque aún están por definirse, se estima que oscilarán desde los 20.000 euros hasta los 500.000 euros, en función de la peligro de la infracción y del bombeo de la signo detectadas.
