El Sección de Jurisprudencia (DOJ) de Estados Unidos habría liquidado millones de dólares en bitcoin (BTC), a pesar de una orden presidencial que prohíbe expresamente tales ventas. Esto podría interpretarse como un desafío directo a la política de la Casa Blanca, como lo refleja un reporte publicado este 5 de enero de 2026.
El gobierno estadounidense habría vendido activos valorados en 6,3 millones de dólares, en extensión de incluir estos fondos como parte de la recién creada Reserva Estratégica de bitcoin con activos digitales confiscados.
Los fondos en cuestión provienen de Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, cofundadores del servicio de mezcla de criptomonedas Samourai Wallet. En agosto de 2025, los dos se declararon culpables de conspiración para especular un negocio de transmisión de metálico sin abuso. Como parte de su acuerdo con la rectitud, la pareja de desarrolladores transfirió aproximadamente 57,5 BTC al Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS) en noviembre pasado, tal como lo revela un reporte de Bitcoin Magazine.
Sin confiscación, el huella digital sugiere que estas monedas nunca llegaron a ser almacenadas. Documentos incluidos en el reporte bajo el título de «Acuerdo de Depreciación de Activos» indican que los fondos fueron destinados a la saldo.
Los datos en sujeción confirman que los fondos fueron enviados a una wallet vinculada a Coinbase Prime, que actualmente muestra un saldo de cero, lo que apunta a que la abaratamiento ya se habría ejecutado.
De haberse concretado la saldo, este movimiento sitúa al Sección de Jurisprudencia en una posición incómoda frente al poder ejecutor. Esto correcto a que el 6 de marzo de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14233. Como lo informó CriptoNoticias, esta medida es parte de un pilar de su política económica que establece que cualquier BTC adquirido mediante incautación criminal «no será vendido» y debe integrarse a la Reserva Estratégica franquista como un activo de valencia a generoso plazo.
Como se señala en el referencia de Bitcoin Magazine, no existía una obligación permitido para entregar estos activos. Según los estatutos de incautación vigentes, el gobierno tiene la potestad de conservar los fondos en su forma llamativo. La audacia de convertirlos a efectivo parece deber sido una selección administrativa, no un mandato jurídico.
Hasta el momento, ni el Sección de Jurisprudencia ni el Servicio de Alguaciles han emitido declaraciones oficiales para aclarar si este movimiento fue un error oficinista o una señal de resistor interna contra la nueva política sobre activos digitales de los Estados Unidos.
Sin confiscación, el movimiento de fondos admite otra recital. Podría tratarse de un simple trámite oficinista entre oficinas y no de una saldo final en el mercado. Otro punto ciego es la naturaleza del incautación, ya que el documento del caso sugiere que los fiscales podrían deber tratado estos fondos como una multa derivada de la confesión de los acusadosy no como una confiscación tradicional. Los detalles de esta anfibología permitido pueden consultarse en el documento de imputación, que arroja luz sobre el destino de los activos.
El caso cobra una relevancia singular correcto al historial de independencia del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), la fiscalía que lideró el caso contra Samourai. El SDNY ha mostrado anteriormente una trascendente autonomía, siguiendo delante con este proceso a pesar de un memorando del Sección de Jurisprudencia emitido en abril de 2025, el cual sugería dejar de perseguir a los servicios de wallets y mezclas de criptomonedas por las acciones de sus usuarios finales.
