El Género de Bono Financiera Internacional (GAFI) publicó una derrotero para que los equipos de investigación de los gobiernos recupen bitcoin (BTC) y otros activos digitales usados en actividades delictivas. Esto, tomando en cuenta que más del 80% de las jurisdicciones muestran pérdida efectividad en incautaciones.
La Finalidad de Recuperación de Activos y Mejores Prácticas detalla pasos rápidos, desde políticas hasta devoluciones a víctimas. «Las cadenas de bloques públicas proporcionan libros de contabilidad inmutables y en tiempo auténtico que respaldan un rápido rastreo y recuperación», afirma el GAFI en su publicación.
Con la nueva serie de recomendaciones, las incautaciones de bitcoin se pueden realizar de modo más efectiva y veloz que los posesiones tradicionales de stop valía, como observa Chainalysis en su noticia publicado hoy 13 de noviembre de 2025. Su investigación reveló recientemente que más de 90.000 bitcoin permanecen ilícitos, a la aplazamiento de la incautación por parte de los gobiernos.
La derrotero urge priorizar los activos digitales para proteger sistemas financieros globales. Y sobre ello, el GAFI exige tratar bitcoin y criptomonedas como una clase distinta de activos. Asimismo pide acelerar las leyes que añadan claridad para alcanzar presteza en las incautaciones.
La derrotero insiste en que el entrenamiento debe comenzar desde el contacto auténtico con el sospechoso o la imagen del crimen. Recomienda capacitar no solo a expertos en lavado de capital y financiamiento al terrorismo, sino igualmente a personal no financiero, como oficiales de policía, para identificar bitcoin y criptomoneda de inmediato. Esto incluye incautar hardware wallets durante los allanamientos, frases semilla en documentos o archivos digitales, cuentas en exchanges y monederos de criptoactivos en dispositivos vinculados al crimen.
Sin requisa, la derrotero del GAFI, aunque exhaustiva en aspectos como el rastreo, la incautación auténtico y el almacenamiento seguro mediante carteras frías o wallets multifirma, presenta una trascendental omisión en recomendaciones específicas para organizar robos internos durante la custodia jurídico de activos virtuales.
Esa omisión se hace particularmente evidente al considerar casos reales como el ocurrido en España en abril de 2025. En ese país un empleado de la compañía jurídico en Marbella fue arrestado por el robo de aproximadamente 17 millones de euros en criptoactivos incautados, en lo que se convirtió en la veterano operación de este tipo en el país hasta la momento.
El incidente, investigado por la Policía Franquista, reveló vulnerabilidades en los protocolos de custodia interna. Esto correcto a que el sospechoso accedió a las claves privadas de monederos de activos digitales bajo control jurídico, transfiriendo los fondos a cuentas personales tras esperar tres meses para evitar detección inmediata.
En respuesta directa al robo de abril de 2025, el Tarea del Interior de España adjudicó el 11 de noviembre de 2025 a Prosegur un acuerdo por 2,8 millones de euros (unos 3,24 millones de dólares) para la dirección y custodia en la cúmulo de bitcoin y criptomonedas incautados en redadas policiales, como lo informó CriptoNoticias.
En todo caso, la brecha en la derrotero del GAFI —que no aborda explícitamente amenazas internas como verificaciones de historial, auditorías periódicas o segregación de accesos para personal jurídico— subraya la condición de que los países complementen estas recomendaciones globales con políticas locales más robustas.
Mientras el documento enfatiza la preservación del valía de los activos mediante transferencias a programas nacionales de custodia (como el Software Franquista de Caudal Incautados de Perú), no ofrece estrategias detalladas para mitigar riesgos de corrupción o negligencia interna en fases de custodia prolongada, lo que podría inspirar actualizaciones futuras basadas en lecciones de incidentes como el gachupin.
