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Thursday, September 3, 2026

Guatemala exige KYC y reportar transacciones a plataformas de criptomonedas

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El Congreso de la RepΓΊblica de Guatemala aprobΓ³ la Ley Integral para la PrevenciΓ³n y RepresiΓ³n del Lavado de Plata u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, identificada como el Decreto 15-2026.

Los legisladores aprobaron con 147 votos a amparo de un total de 160 diputados. La ley avanzΓ³ en el tercer debate tras una sesiΓ³n extraordinaria y entrarΓ‘ en vigor tres meses a posteriori de su publicaciΓ³n en el Diario Oficial.

Esta nueva legislatura, que se presentΓ³ inicialmente en septiembre de 2025, actualiza un entorno lΓ­cito que tenΓ­a 25 primaveras de vigencia e incluye de forma explΓ­cita, por primera vez en la historia del paΓ­s centroamericano, al sector de las criptomonedas bajo la supervisiΓ³n directa del Estado.

Las plataformas de intercambio, firmas de custodia y proveedores de servicios de activos virtuales pasarΓ‘n a ser considerados sujetos obligados delante la Intendencia de DemostraciΓ³n Peculiar (IVE).

La cΓ³digo deroga los decretos previos establecidos en 2001 y 2005 con la finalidad de igualar las polΓ­ticas de control financiero y cumplir con las recomendaciones del AgrupaciΓ³n de Acto Financiera Internacional (GAFI).

La audacia rebate a la obsolescencia de las herramientas jurΓ­dicas anteriores frente a las dinΓ‘micas del mercado presente y la apariciΓ³n de nuevos activos digitales en la riqueza mundial. Con esto, las autoridades guatemaltecas buscan robustecer la credibilidad internacional del paΓ­s delante los inversores y el sistema bancario corresponsal.

A pesar de que el decreto aΓΊn se encuentra a la retraso de su publicaciΓ³n oficial y del exposiciΓ³n de su reglamento tΓ©cnico, el texto define que el enfoque preventivo se trasladarΓ‘ de la banca tradicional con destino a el conjunto de las actividades econΓ³micas.

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Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) deberΓ‘n adecuar sus operaciones y contraer las mismas responsabilidades administrativas que los bancos y otras entidades reguladas.

De acuerdo con el documento asamblea revisado por CriptoNoticias, la legislatura regularΓ‘ actividades especΓ­ficas en el interior del ecosistema de las criptomonedas, tales como el intercambio, la custodia, las transferencias, la teledifusiΓ³n de activos virtuales y la administraciΓ³n de plataformas de negociaciΓ³n.

La fiscalizaciΓ³n e identificaciΓ³n (KYC) exigida por las autoridades se aplicarΓ‘ estrictamente con fines de prevenciΓ³n de enlucido de capitales y financiamiento del terrorismopor lo que no prejuzga ni garantiza la extracciΓ³n de licencias comerciales automΓ‘ticas para especular.

Los proveedores regulados tendrΓ‘n que inscribirse obligatoriamente delante la Superintendencia de Bancos a travΓ©s de la Intendencia de DemostraciΓ³n Peculiar. El incumplimiento de este registro acarrearΓ‘ sanciones de carΓ‘cter burΓ³crata que van desde los 500 dΓ³lares hasta los 500.000 dΓ³lares estadounidenses, dependiendo de la pesantez de la yerro.

Las firmas del sector de las criptomonedas estarΓ‘n forzadas a implementar un enfoque basado en peligro. Esto incluye la creaciΓ³n de un manual de prevenciΓ³n con polΓ­ticas de mitigaciΓ³n de delitos financieros, el designaciΓ³n de un oficial de cumplimiento que pertenezca a la inscripciΓ³n administraciΓ³n y la ejecuciΓ³n de auditorΓ­as internas y externas de forma periΓ³dica, tal como lo exige el GAFI.

Otro de los puntos crΓ­ticos de la cΓ³digo es la prohibiciΓ³n del anonimato en las transacciones con activos digitales. Las plataformas deberΓ‘n aplicar polΓ­ticas estrictas de debida diligencia o conocimiento del cliente, lo que obliga a identificar y confirmar la identidad del beneficiario y del beneficiario final mediante fuentes confiables antaΓ±o de establecer cualquier relaciΓ³n comercial.

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Asimismo, la legislatura exige que los controles sean mΓ‘s rigurosos cuando se procesen operaciones con tecnologΓ­as que dificulten el rastreo de los fondos.

En materia de reportes, las empresas de criptomonedas reportarΓ‘n directamente a la IVE cualquier transacciΓ³n inusual que carezca de fundamento crematΓ­stico o lΓ­cito evidente a travΓ©s de un Reporte de TransacciΓ³n Sospechosa. De igual forma, se establece la obligaciΓ³n de sustentar un registro diario e informar periΓ³dicamente sobre cualquier operaciΓ³n en efectivo que supere los 10.000 dΓ³lares o su equivalente en la moneda franquista.

La nueva ley guatemalteca pensada para mitigar el lavado de mosca y que aborda a las criptomonedas, echΓ³ por tierra la iniciativa 6538 que, como informΓ³ este medio, buscaba regular el uso de bitcoin (BTC) y otros activos digitales en el paΓ­s. De hecho, la informaciΓ³n sobre ese tesina de ley ya no estΓ‘ arreglado en el portal de transparencia del Congreso de Guatemala.

La habilitaciΓ³n al Decreto 15-2026 genera un debate en el entorno empresarial correcto al incremento considerable en los costos operativos y de cumplimiento para las empresas que antaΓ±o operaban fuera del radar de supervisiΓ³n bajo el habitual del GAFI. La verso chica y los umbrales tΓ©cnicos que regirΓ‘n la operatividad diaria de los proveedores de activos digitales se definirΓ‘n una vez que el Poder Ejecutor emita la reglamentaciΓ³n complementaria.

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