El Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Plata u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, identificada como el Decreto 15-2026.
Los legisladores aprobaron con 147 votos a amparo de un total de 160 diputados. La ley avanzó en el tercer debate tras una sesión extraordinaria y entrará en vigor tres meses a posteriori de su publicación en el Diario Oficial.
Esta nueva legislatura, que se presentó inicialmente en septiembre de 2025, actualiza un entorno lícito que tenía 25 primaveras de vigencia e incluye de forma explícita, por primera vez en la historia del país centroamericano, al sector de las criptomonedas bajo la supervisión directa del Estado.
Las plataformas de intercambio, firmas de custodia y proveedores de servicios de activos virtuales pasarán a ser considerados sujetos obligados delante la Intendencia de Demostración Peculiar (IVE).
La código deroga los decretos previos establecidos en 2001 y 2005 con la finalidad de igualar las políticas de control financiero y cumplir con las recomendaciones del Agrupación de Acto Financiera Internacional (GAFI).
La audacia rebate a la obsolescencia de las herramientas jurídicas anteriores frente a las dinámicas del mercado presente y la aparición de nuevos activos digitales en la riqueza mundial. Con esto, las autoridades guatemaltecas buscan robustecer la credibilidad internacional del país delante los inversores y el sistema bancario corresponsal.
A pesar de que el decreto aún se encuentra a la retraso de su publicación oficial y del exposición de su reglamento técnico, el texto define que el enfoque preventivo se trasladará de la banca tradicional con destino a el conjunto de las actividades económicas.
Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) deberán adecuar sus operaciones y contraer las mismas responsabilidades administrativas que los bancos y otras entidades reguladas.
De acuerdo con el documento asamblea revisado por CriptoNoticias, la legislatura regulará actividades específicas en el interior del ecosistema de las criptomonedas, tales como el intercambio, la custodia, las transferencias, la teledifusión de activos virtuales y la administración de plataformas de negociación.
La fiscalización e identificación (KYC) exigida por las autoridades se aplicará estrictamente con fines de prevención de enlucido de capitales y financiamiento del terrorismopor lo que no prejuzga ni garantiza la extracción de licencias comerciales automáticas para especular.
Los proveedores regulados tendrán que inscribirse obligatoriamente delante la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Demostración Peculiar. El incumplimiento de este registro acarreará sanciones de carácter burócrata que van desde los 500 dólares hasta los 500.000 dólares estadounidenses, dependiendo de la pesantez de la yerro.
Las firmas del sector de las criptomonedas estarán forzadas a implementar un enfoque basado en peligro. Esto incluye la creación de un manual de prevención con políticas de mitigación de delitos financieros, el designación de un oficial de cumplimiento que pertenezca a la inscripción administración y la ejecución de auditorías internas y externas de forma periódica, tal como lo exige el GAFI.
Otro de los puntos críticos de la código es la prohibición del anonimato en las transacciones con activos digitales. Las plataformas deberán aplicar políticas estrictas de debida diligencia o conocimiento del cliente, lo que obliga a identificar y confirmar la identidad del beneficiario y del beneficiario final mediante fuentes confiables antaño de establecer cualquier relación comercial.
Asimismo, la legislatura exige que los controles sean más rigurosos cuando se procesen operaciones con tecnologías que dificulten el rastreo de los fondos.
En materia de reportes, las empresas de criptomonedas reportarán directamente a la IVE cualquier transacción inusual que carezca de fundamento crematístico o lícito evidente a través de un Reporte de Transacción Sospechosa. De igual forma, se establece la obligación de sustentar un registro diario e informar periódicamente sobre cualquier operación en efectivo que supere los 10.000 dólares o su equivalente en la moneda franquista.
La nueva ley guatemalteca pensada para mitigar el lavado de mosca y que aborda a las criptomonedas, echó por tierra la iniciativa 6538 que, como informó este medio, buscaba regular el uso de bitcoin (BTC) y otros activos digitales en el país. De hecho, la información sobre ese tesina de ley ya no está arreglado en el portal de transparencia del Congreso de Guatemala.
La habilitación al Decreto 15-2026 genera un debate en el entorno empresarial correcto al incremento considerable en los costos operativos y de cumplimiento para las empresas que antaño operaban fuera del radar de supervisión bajo el habitual del GAFI. La verso chica y los umbrales técnicos que regirán la operatividad diaria de los proveedores de activos digitales se definirán una vez que el Poder Ejecutor emita la reglamentación complementaria.
