La industria de bitcoin (BTC) en Paraguay pasó del optimismo a la defensiva en al punto que unos días. El detonante es la Resolución Caudillo N° 47/26, oficializada el pasado 10 de marzo por la Dirección Doméstico de Ingresos Tributarios (DNIT), un documento que impone el reporte detallado de toda operación con activos digitales para el control fiscal 2026.
El problema radica en que la resolución exige cumplimientos técnicamente inviables y envía una señal devastadora al mercado internacional, señaló Moreno Vaccotti Ramos, Director de la Cámara Paraguaya de Fintech (CPF), en su estudio publicado el 22 de marzo en La Tribuna.
Aunque Vaccotti admite que la búsqueda de información tributaria es una prerrogativa legítima del Estado, sostiene que Paraguay ha eminente tres «muros» donde la norma se rompe frente a la naturaleza de las redes de criptomonedas:
1.- El trasgo de la contraparte P2P
La fricción comienza en las transacciones persona a persona. La DNIT obliga a identificar con nombre, patronímico y documento a la contraparte de cada operación, ignorando que en una transferencia P2P pura solo existe un hash y una dirección seudónima.
Para Vaccotti, esta exigencia termina por «criminalizar el uso central de bitcoin» al requerir una trazabilidad que la bloque de la moneda no permite de forma nativa para el afortunado popular.
2.- Avisar al código inmutable
El segundo conflicto surge al intentar personificar al software. La resolución pide identificar al responsable de las plataformas, extendiendo esta obligación a los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) y contratos inteligentes (Smart Contracts).
Sin confiscación, un anuencia inteligente es código autoejecutable que carece de personería jurídica o representante legítimo. Al exigir datos de un responsable inexistente, la DNIT plantea un inverosímil procesal: intentar interactuar con un operación como si fuera una entidad comercial tradicional.
3.-La valoración dual
Finalmente, el sistema impone una carga contable que amenaza con expulsar al pequeño austero. Se exige fallar el valía en guaraníes al momento exacto de cada transacción en un mercado que opera 24/7. Esto sin una API oficial que conecte las redes de criptomonedas con Marangatu, la plataforma digital oficial de trámite tributaria de la DNIT de Paraguay.
El costo eficaz de esta contabilidad convierte al límite de 5.000 dólares anuales en una barrera de entrada restrictivasituando a Paraguay por detrás de la flexibilidad de mercados como Brasil o Argentina.
Este choque de visiones pone en peligro la competitividad de un país que atrajo inversiones por 1.200 millones de dólares en el final cuatrienio.
Actualmente, solo tres empresas de minería digital inyectan más de 90 millones de dólares anuales a la Dependencia Doméstico de Electricidad (ANDE), un flujo que podría estar comprometido si la regulación se percibe como un «tiro en el pie», como sugiere el analista crematístico Egregio Fabrini en un artículo publicado en la Revista Plus.
A pesar del malestar en el colegio profesional y la descuido de un estudio de impacto crematístico previo, la DNIT mantiene la vigencia de la norma, cuyas primeras presentaciones vencen en marzo de 2027.
Ahora surgen dudas sobre si Paraguay logrará conciliar sus deposición recaudatorias con la preservación de su resto energético que dio impulso a la minería de Bitcoin y su atractivo para la inversión extranjera, o si, por el contrario, la rigidez del papel terminará por oprimir el dinamismo de su mercado digital.
