New Hampshire marcó un hito en la prohijamiento de BTC al convertirse en la primera término de EE. UU. en impulsar una ley que permite la creación de una Reserva Estratégica de bitcoin. La gobernadora Kelly Ayotte firmó esta mañana la ley HB 302, tras su aprobación en el Senado estatal, lo que contribuye al debate franquista sobre el papel de los activos digitales en las finanzas públicas.
El tesina de ley HB 302, previamente suficiente por la Cámara de Representantes de New Hampshire con un disciplinado beneficio de 192 a 179, autoriza al tesorero del estado a modificar hasta el 5% de los fondos públicos y otros fondos aprobados en metales preciosos y activos digitales con una capitalización de mercado superior a los 500 mil millones, un origen que actualmente solo alcanza bitcoin.
La iniciativa, impulsada por el representante Keith Ammon, examen proteger las finanzas estatales frente a la inflación y la devaluación del dólarespecialmente en un contexto afectado por los recientes aranceles promovidos por el presidente Trump, los cuales han generado preocupación sobre la estabilidad de la moneda. Ammon sostiene que bitcoin representa una alternativa descentralizada y resistente a la manipulación público.
Esta aprobación llega en un momento de creciente interés estatal por bitcoin como reserva de valencia, con varias regiones explorando su potencial. Sin requisa, contrasta con el fresco veto de una ley similar en Arizona por parte de la gobernadora Katie Hobbs, quien alegó riesgos financieros para la población.
Al firmar la ley, la gobernadora Ayotte destacó que New Hampshire «vuelve a ser primero en la nación». El subsiguiente paso es la implementación de la reserva estratégica de bitcoin, autorizando al tesorero estatal para modificar fondos públicos en BTC, asegurando que la custodia se realice a través de entidades reguladas en EE.UU. Esto incluye establecer protocolos de seguridad, distinguir custodios confiables y monitorear la volatilidad del mercado para minimizar riesgos.
Mientras tanto, jurisdicciones como Florida y Arizona han sufrido grandes retrocesos en sus esfuerzos por sacar delante sus propios proyectos. En Florida, las iniciativas HB 487 y SB 550, que buscaban autorizar la inversión de hasta un 10% de los fondos públicos en BTC, fueron pospuestas indefinidamente. Por su parte, en Arizona, la gobernadora Katie Hobbs vetó el tesina SB 1025, que habría permitido modificar un porcentaje de los fondos estatales en bitcoin.
Según datos de Bitcoin Laws, la prohijamiento de reservas estratégicas de bitcoin genera tracción en Estados Unidos, con un total de 46 proyectos de ley introducidos en 26 estados para el momento de redactar esta nota. De estos, 36 propuestas permanecen activas o «vivas» en 19 jurisdicciones, avanzando a través de sus respectivos procesos legislativos, mientras que las restantes han sido archivadas, vetadas o retiradas, como ocurrió en Arizona y Florida.
