La senadora Marsha Blackburn encendió las expectativas en un nuevo evento de Bitcoin Policy Summit al señalar un resistente impulso presidencial para comprar 1 millón de bitcoin (BTC) para la reserva de este activo clave en Estados Unidos. Sin confiscación, la senadora Cynthia Lummis, autora del esquema, frenó el entusiasmo al aclarar que son prioritarias las legislaciones sobre la estructura del mercado y las stablecoins, situando la votación de su iniciativa para la histórica importación de bitcoin «con suerte en el próximo año calendario».
Las declaraciones de ambas senadoras desataron un torbellino de interpretaciones en redes sociales, donde se afirmó erróneamente que el esquema de ley para agenciarse 1 millón de BTC avanzaría más rápido que cualquier otra regulación del ecosistema de los activos digitales. Sin confiscación, la efectividad, según se desprende de sus intervenciones, dibuja un panorama más arduo y matizado.
Blackburn inyectó aprieto al debate al vincular directamente el esquema asamblea de Lummis con una orden ejecutiva de Donald Trump. “La Ley BITCOIN de Cynthia, con el apoyo del presidente, tiene un impacto significativo. Cada vez más miembros del Congreso reconocen su valencia para protegernos contra el peligro cambiario y resolver la deuda franquista”, afirmó Blackburn, sugiriendo que esta código podría exceder en prioridad a otras iniciativas legislativas. Sus palabras impulsaron la novelística de un avance inminente.
No obstante, la senadora Lummis, estableció una hoja de ruta más metódica. «Creo que primero nos ocuparemos de la estructura del mercado y las stablecoins», afirmó. Su cronograma apunta a 2026 como el horizonte más realista para batallar su propuesta de reserva estratégica El bitcoin.
A pesar de esta diferencia en el cronograma, ambas senadoras coincidieron en que la creación de una reserva estratégica fortalecerá la posición de EE. UU. como líder en innovación financiera.
En todo caso, el debate subraya la tensión existente en el Capitolio. Esto correcto a que, por un banda, hay un resistente apetito político por adoptar la moneda digital pionera como activo clave, respaldado por la más entrada esfera del poder ejecutante, y, por otro, el pragmatismo asamblea que prioriza establecer primero las reglas fundamentales del mercado de activos digitales.
De tal modo que mientras el Congreso avanza con la regulación de las stablecoins o Ley Genius, la importación de un buen partición de la moneda creada por Satoshi Nakamoto y el futuro de la reserva estratégica de bitcoin, aunque prometedor, demora su turno.
