El Mesa de Pagos Internacionales (BIS ) publicó un boletín en el que se plantea combatir el lavado de pasta en el ecosistema de bitcoin (BTC) y criptomonedas creando un «puntaje de cumplimiento» que califique cada moneda digital o saldo de stablecoin según su historial de transacciones. El documento, compartido por la entidad asociada con 63 bancos centrales y autoridades monetarias de diferentes partes del mundo, propone utilizar la propia transparencia de las redes de criptomonedas para identificar y aislar fondos vinculados a actividades ilícitas, bloqueando el cambio a pasta fíat en los exchanges y bancos.
Aunque el documento aclara que las opiniones pertenecen a los autores y no necesariamente al BIS, la iniciativa plantea que los métodos tradicionales contra el lavado de pasta, que dependen de intermediarios como los bancos, fracasan en el mundo descentralizado de bitcoin y criptomonedas. En su zona, los autores presentaron un sistema que aproveche el registro notorio de transacciones para asignar una calificación a los activos digitales. Este puntaje determinaría si los fondos son «limpios» o si están «contaminados» por su contacto con monederos de origen dudoso.
La medida pondría la responsabilidad en los «puntos de salida» (rampa), obligando a exchanges, emisores de stablecoins y bancos a revisar este puntaje antiguamente de procesar una conversión a dólares, euros u otras monedas.
El sistema evaluaría mediante una calificación numérica, generalmente en una escalera de 0 a 100, que refleje la probabilidad de que los fondos están vinculados a actividades ilícitas. Un puntaje detención, cercano a 100, se otorgaría a bitcoin y criptomonedas provenientes de carteras verificadas y entendidas como confiables, conocidas como «cinta blanca» o Permitir cinta. Estas wallets suelen estar asociadas a usuarios que han pasado verificaciones de identidad (KYC) y no tienen vínculos con actividades sospechosas.
En tanto que, los fondos con puntajes altos podrían circular sin restricciones, facilitando transacciones y conversiones a fíat sin complicaciones. Por el contrario, un puntaje bajo, cercano a 0, señalaría a los activos que han pasado por wallets incluidas en una «cinta negra» o Registro de desmentirasociadas a actividades criminales como hackeos, mercados de la darknet o mezcladores (mixers).
El plan publicado por el BIS incluye que las autoridades de cada término establezcan un comienzo minúsculo de puntaje AML para permitir transacciones. Este enfoque, asimismo podría imponer un «deber de cuidado» a los usuarios, incentivándolos a transaccionar con monederos de detención puntaje para evitar problemas.
Sin retención, la propuesta traslada el peligro y la complejidad directamente a los usuarios, quienes tendrían que adaptarse a los siguientes cambios:
- Sus carteras de autocustodia ya no serían un refugio. Esto oportuno a que, aunque ser mantenga el control de las claves, al intentar convertir fondos a fíat, estos serán sometidos a un recuento basado en su pasado.
- Los exchanges podrían rehusar tus fondos: si tu bitcoin o stablecoin recibe un puntaje bajo por tener interactuado con una dirección en «cinta negra», el exchange tendrá la mano de aislar los depósitos o retiro, afectando su solvencia.
- Aumento de los requisitos de identificación (KYC): Dependiendo de la rigurosidad, los usuarios podrían encontrarse forzados a tener lugar por un proceso más riguroso, incluso para mover fondos entre sus propias wallets si quieren perdurar un «puntaje íntegro».
El cambio más radical es la imposición de un «deber de diligencia» (deber de cuidado) sobre el usufructuario. Esto especialmente por el hecho de que ya no bastará con acoger un cuota. Igualmente cada quien se verá obligado a considerar el origen de los fondos que acepta. Cobrar bitcoin y criptomonedas de una fuente «contaminada» podría manchar todo el saldo de una cartera.
Todo el plan implica nuevos costos y complejidad para que los usuarios se protejan, probablemente tendrán que apelar a servicios de terceros para analizar la procedencia de los activos antiguamente de aceptarlos, añadiendo costos y fricción a cada transacción.
Por lo puro de la propuesta, queda claro que hay un afectado interés en que la regulación se incruste en la método de cada transacción. Para los usuarios, esto significa que la soberanía sobre sus activos vendrá acompañada de una nueva y compleja capa de responsabilidad personal y vigilancia constante.
