La Superintendencia Doméstico de Aduanas y de Despacho Tributaria (Sunat) de Perú está acelerando sus planes para supervisar de forma fiscal las operaciones con bitcoin (BTC) y criptomonedas en el país.
El organismo se encuentra trabajando en un ámbito normativo multisectorial que le permita tomar información detallada sobre el movimiento de estos instrumentos. El objetivo principal de esta medida es identificar posibles evasiones tributarias y regular las rentas no declaradas en el entorno financiero digital.
De acuerdo con declaraciones de Javier Franco Castillo, director de la Sunat, el avance de esta legislatura contesta a un esfuerzo conjunto en América Latina para proteger el intercambio de información financiera. Franco Castillo señaló que el organismo ya se encuentra preparado a nivel eficaz para ejecutar el control.
La meta de la institución es tener aprobada la norma de cobro de datos durante el segundo semestre de este año, coincidiendo con un próximo cambio de gobierno y un plan de simplificación del sistema tributario.
“Perú está muy liberal en la parte operativa, Sunat ya está preparada. Pero, lo que se está trabajando, porque es una norma multisectorial, es en los marcos normativos. Nosotros esperamos que a partir del segundo semestre se pueda recolectar ello, tener ya la norma para tomar información de criptoactivos y trabajar en la identificación de posibles evasiones tributarias”, dijo.
El avance de esta regulación se produce en un contexto de creciente admisión de monedas digitales en el país peruano. Según datos de Chainalysis, el país inca ostenta el puesto 34° de su índice de admisión universal de criptomonedas, por encima de otras naciones como Bolivia, Panamá o Guatemala.
Por otra parte, el uso de bitcoin como utensilio de intercambio diario y reserva de valía se ha arraigado en economías locales de comunidades como Quebrada Verde, Huayopata, Huanchaco y Tarapoto. En estas regiones, el activo digital ha dejado de ser un ambiente meramente reflexivo para transformarse en un componente de la capital cotidiana.
De la fiscalización informativa al Impuesto a la Renta
El plan coetáneo de la Sunat representa la continuidad de una logística orientada a imponer la capital digital, cuyos historial se remontan a principios de 2025. En ese momento, bajo la mandato del precursor titular del organismo, Víctor Mejía, se comenzó a evaluar la aplicación del Impuesto a la Renta a las ganancias obtenidas con activos digitales, en paralelo con los tributos implementados a los servicios de streaming y a las apuestas en sarta, tal como informó CriptoNoticias.
Luego, la nueva legislatura obligaría a reportar los movimientos con activos digitales, lo que sentaría las bases técnicas para una futura estructura impositiva. No obstante, la Sunat deberá determinar los criterios para especificar en qué momento las ganancias derivadas de criptomonedas se consideran ingresos, cómo clasificar estas operaciones adentro de las Rentas de Renta y de qué forma tributará la actividad de la minería digital.
Si los plazos se cumplen, las autoridades proyectan que la aplicación efectiva de un impuesto específico sobre los activos digitales sea viable para el año 2027.
En todo caso, la iniciativa de fiscalización de la Sunat expone un claro contraste ideológico y eficaz con la filosofía de uso que promueven diversas organizaciones y comunidades en el país.
Entidades como MOTIV Perú, orientadas al avance de economías basadas en bitcoin, impulsan el uso del activo digital bajo la premisa de persistir el valía financiero adentro de circuitos locales y de forma independiente de las estructuras estatales centralizadas. Así lo expresó a este medio Franco Estancia, líder comunitario de esa estructura, a inicios de mayo de este año.
El ecosistema de activos digitales en Perú se enfrenta ahora a un periodo de transición. Mientras las comunidades locales buscan expandir la admisión de bitcoin como una utensilio de soberanía financiera y comercio directo, el Estado rastreo cerrar las brechas de distracción e incorporar estas finanzas alternativas a su sistema de cobro.
Por lo que el desafío para el gobierno peruano a partir de la segunda parte de este año no será solo la cosecha de los datos, sino el diseño de un esquema impositivo que sea técnicamente aplicable a un entorno diseñado que ya aprendió a funcionar sin intermediarios.
