En el tierra 21 de la lujosa Oceania Business Plaza, en el corazón financiero de Ciudad de Panamá, los escritorios están vacíos y el silencio solo lo rompe el personal de una firma de abogados.
Según los registros oficiales, aquí debería pulsar el corazón activo de Polymarket, la plataforma de predicciones que mueve miles de millones de dólares en apuestas sobre el futuro del mundo. Sin requisa, cuando los reporteros tocaron a la puerta, la respuesta fue desconcertante: «Nunca hemos oreja departir de Polymarket».
Esta discrepancia entre el rutilante éxito digital y la inercia física abrió un debate espinoso en el país sobre las llamadas «compañías de papel». Polymarket, según reporte, aterrizó legalmente en Panamá bajo el nombre de Adventure One QSS Inc. tras un accidentado paso por Estados Unidos, donde en 2022 pagó una multa de 1,4 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por ejecutar sin registro.
No obstante, su oficina no es más que el domicilio lícito de la firma García de Paredes Abogados, una destreza lícito que choca hoy con nuevas exigencias de transparencia.
Aunque el documentación de NPR se centró en Polymarket, la figura del agente residente permite que una sola dirección (como el tierra 21 de la Oceania Business Plaza) albergue legalmente a cientos o incluso miles de sociedades. No es un circunstancia conocido dócil de cuantificar sin llegada al Registro Divulgado, pero es una destreza sistémica donde la oficina no es de la empresa, es del mesa que las representa.
Paradójicamente, mientras en Panamá su presencia es escasamente un rastra de tinta, Shayne Coplan, CEO de Polymarket fue reclutado en febrero de 2026 por la propia CFTC para integrar su nuevo Comité Asesor de Innovación Financiera, sentándose adjunto a la élite del sector para rediseñar la vigilancia de los mercadosm tal como lo informó CriptoNoticias en su momento.
Este gratitud en las altas esferas regulatorias de Estados Unidos contrasta con la sombra de sospecha que aún planea sobre las estructuras corporativas en el istmo. Para los analistas locales, la legalidad institucional no elimina la emergencia de revisar cómo estas plataformas operan tras bastidores.
Hasta el momento, no existen planes públicos. Polymarket ha mantenido un perfil bajo respecto a su infraestructura en Panamá. Su logística parece ser la de cumplimiento reducido lícito: mientras la ley coetáneo no exija empleados o metros cuadrados, no tienen un incentivo financiero para cambiar su maniquí offshore por uno de oficina tradicional.
Siquiera se conocen publicaciones, ni comunicados oficiales de la empresa, ni respuestas o reacciones sobre este tema específico. La empresa no ha respondido solicitudes en medios panameños o internacionales.
El peso de la sustancia económica en Panamá
Rodrigo Icaza, presidente de la Cámara Digital y Blockchain de Panamá, explicó en monopolio a CriptoNoticias que este caso revive los fantasmas de los Panama Papers, aunque bajo un situación lícito desigual.
Icaza destacó:
Muchas empresas de criptomonedas se registran por la flexibilidad jurídica de Panamá, pero no operan ni brindan servicios en el país. El debate secreto ahora es la sustancia económica; si un plan no demuestra operación verdadero en el país, se estima un impuesto de ingresos pasivos del 15% para evitar que la figura del registro se use para eludir compromisos fiscales.
Rodrigo Icaza.
Este observación coincide con una reforma al código fiscal que el Ejecutante envió a la Asamblea Doméstico en sesiones extraordinarias, con el objetivo de respaldar que el país genere ingresos tangibles de estas startups digitales.
Actualmente, bajo el principio de territorialidad, estas empresas no tributan en Panamá si sus ingresos se generan fuera de su paraje, lo que según diputados como Eduardo Gaitán, aporta poco beneficio crematístico y escaso empleo circunscrito.
Si la propuesta legislativa llega a convertirse en ley, las empresas o startups tendrían que demostrar en Panamá sustancia económica, es aseverar, operación verdadero en el país. En caso contrario, se estimaría un impuesto de ingresos pasivos del 15 %, lo que impactaría a las empresas de activos digitales en materia de costos. El fin es respaldar ingresos para el país y evitar que se utilice la figura de los registros en Panamá para eludir compromisos fiscales y tributarios.
Rodrigo Icaza.
Este aberración expone un choque delantero entre la hacienda tradicional, anclada en la presencialidad, y una era digital donde asistentes virtuales prestan servicios y cobran en criptomonedas sin fronteras físicas.
Para Icaza, esta convergencia de conceptos es la que hoy fuerza el debate sobre la sustancia económica en la Asamblea Doméstico, que ha extendido sus funciones a un periodo extraordinario para animarse el futuro de esta ley.
El resultado de esta discusión legislativa marcará un antaño y un luego en la estructura de costos para las empresas del sector, determinando si Panamá logra integrar estas nuevas formas de actividad económica o si la carga impositiva limitará su competitividad en el ecosistema general.
