El ecosistema de bitcoin (BTC) y criptomonedas en Panamá enfrenta una crisis de confianza que nace del choque entre la admisión digital y un sistema institucional que aún no sabe cómo procesarla. Mientras el comercio entre personas (Peer-to-Peer o P2P) se consolida como una útil de franqueza financiera, para quienes facilitan estas transacciones, la actividad se convierte en un campo minado de riesgos legales y financieros.
Esta efectividad quedó documentada en un nuevo episodio del podcast de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, donde Jonatan Arosemena, un comerciante con cinco primaveras de experiencia, relató el calvario contencioso que vivió tras ser utilizado, involuntariamente, como puente por bandas criminales internacionales.
Su caso refleja cómo la abandono de una regulación específica y la equivocación de capacitación técnica de las autoridades están «pasando estructura» a los operadores legítimos.
Jonatan, contó en el podcast que es un comerciante en el P2P de Binance. Recibe pagos en dólares en cuentas bancarias de Panamá por las ventas de activos digitales, principalmente USDT (Tether), que realiza en esa plataforma.
Ahora, él hace una denuncia convincente al señalar que el comerciante en plataformas P2P de bitcoin y criptomonedas suele ser la víctima final de estafas que no cometió. En su relato, describe cómo fue involucrado en investigaciones de la Fiscalía por transacciones que, aunque válidas en su ejecución, provenían de fondos ilícitos obtenidos por terceros mediante usurpación de identidad.
Yo he tenido que ir a la Fiscalía varias veces porque me llegaban transferencias de parentela que había sido víctima de usurpación de identidad. El mosca que me pagaban era mosca desaseado, pero yo no tenía forma de saberlo en el momento. Yo solo vendía mi USDT de forma natural por Binance P2P. Al final, el cárcel me cierra la cuenta y la Fiscalía me cita como si yo fuera parte de la estafa, cuando en efectividad soy el extremo ligazón que recibe el mosca desaseado sin saberlo.
Jonatan Arosemena.
«Es una escuela que todavía sigo pagando; ha sido el curso más caro de mi vida», afirmó, tras explicar que perdió cerca de 50.000 dólares entre pagos de mediación, multas y honorarios legales para evitar la calabozo.
El problema central, según el prueba, es la incapacidad de las autoridades para rastrear el delito hasta sus verdaderos autores. Delante la complejidad de seguir la pista a grupos criminales en el extranjero, la equidad panameña suele optar por la salida más sencilla. Esto es responsabilizar al beneficiario nave de los fondos.
“La Fiscalía pudo hacer mucho más; tenían el IP y todos los datos, pero al final es como si fuera un ‘X’, como si yo fuera un don nadie. Tú recibiste el mosca, entonces tú pagas”, lamentó Jonatan.
Hasta la plazo, ni la Fiscalía de Panamá ni los principales bancos del país han publicado comunicados oficiales que detallen las razones específicas detrás de los bloqueos y cierres de cuentas vinculadas al comercio P2P de criptomonedas.
El pared bancario a las criptomonedas y la «zona sombrío» reguladora
A este marco se suma la postura defensiva de la banca tradicional. Entidades como Costado Común son señaladas por los usuarios en foros especializados por su política de «tolerancia cero» frente a cualquier vínculo con criptoactivos.
Los bancos, operando bajo un exacto cumplimiento de las normas de prevención de emblanquecimiento de capitales, prefieren cerrar cuentas preventivamente antaño que admitir el peligro de auditar operaciones P2P.
Esta conducta tiene un respaldo institucional implícito. En documentos técnicos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), se recomienda extremar los controles sobre los activos virtuales conveniente a que el país aún no cuenta con un entorno para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP).
Sin reglas claras, el comerciante queda atrapado. Por lo tanto, si intenta formalizarse, el cárcel lo rechaza por ser de «stop peligro»; y si opera en la sombra, queda desprotegido frente a la ley.
Para el sector sindical, la opción no es prohibir, sino capacitar. Como se destacó en la conversación, la trazabilidad que ofrecen las redes de criptomonedas, y la colaboración que plataformas como Binance ofrecen a las autoridades, son herramientas que la Fiscalía aún no aprovecha plenamente.
Mientras esa brecha de conocimiento no se falleba, el comercio P2P en Panamá seguirá siendo una actividad legítima en la praxis, pero peligrosa en los tribunales.
Este contexto regulatorio además se refleja en plataformas digitales supervisadas en Panamá. Como lo reportó CriptoNoticias recientemente, Zinli generó numerosas quejas entre usuarios de criptomonedas por bloqueos preventivos de cuentas.
Aunque, hasta el momento de la redacción de esta nota la empresa no ha publicado una exposición oficial detallada, queda claro que estas acciones responden al mismo clima de cautela que impera en el sistema financiero panameño.
Delante la equivocación de un entorno regulatorio específico para criptoactivos, las entidades supervisadas optan por aplicar controles estrictos de prevención de lavado de mosca y conocimiento del cliente para mitigar riesgos.
