Un nuevo entorno regulatorio para bitcoin (BTC) y las criptomonedas llegó a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. El esquema, denominado “Ley para la Prevención, Control y Regulación de las Criptomonedas”, fue depositado formalmente en la Secretaría Militar Legislativa por Carlos De Pérez y redactado por el magistrado Argenis García del Rosario.
La iniciativa, presentada el pasado 16 de marzo, surge tras un crecimiento del 52% en el uso de estas tecnologías en el país durante el postrer año, de acuerdo con De Pérez. El mismo averiguación, según sus proponentes, mitigar riesgos de fraude y proporcionar una estructura de fiscalización clara para el mercado de criptomonedas franquista.
Esta propuesta legislativa, que guarnición similitudes con las que se han presentado en otros países de la región, como México y Colombia, define a bitcoin y otros activos digitales como caudal sujetos a tributación, estableciendo que los beneficios generados por su intercambio o liquidación deberán enriquecer impuestos de forma similar a otros activos financieros.
Uno de los puntos neurálgicos de la ley es la creación de una “Calidad Certificante”, una abuso que la Superintendencia de Títulos otorgaría a las casas de cambio y custodios para efectuar legalmente.
Por otra parte, el texto reconoce el derecho de los comercios a fijar precios de caudal y servicios directamente en monedas digitalesaunque obliga a los proveedores a informar exhaustivamente sobre la volatilidad y la irreversibilidad de las transacciones.
Según el diputado Carlos De Pérez, el esquema está «diseñado para traer orden y seguridad al ecosistema digital» en la República Dominicana.
Pese a las intenciones de transparencia, miembros de la comunidad regional de bitcoin en República Dominicana han manifestado una postura crítica. Por ejemplo, Pedro Vitalista, director de la estructura Bitcoin Dominicana, cuestionó la originalidad de la cuchitril.
En declaraciones a CriptoNoticias, señaló que el esquema parece copiar modelos extranjeros, como el europeo con la ley MiCA, oportuno a que establece la figura de un registro para proveedores de servicios de criptoactivos, así como un enfoque sobre la estabilidad financiera y los riesgos del mercado de criptomonedas. A causa de Vitalista, esta es una actos que, a menudo, regula industrias ayer de que estas terminen de salir.
Vitalista sostuvo que regular sin realizar una investigación de campo propia en el contexto dominicano es una forma de especulación que podría frenar una oportunidad de exposición para el país.
Según el líder de la estructura bitcoiner, la comunidad regional debió ser parte integral de la conversación para evitar normativas que no se ajusten a la verdad franquista.
En una tangente similar, el emprendedor y entusiasta tecnológico Alexis Díaz Holguín, conocido como MarcianoTech, advirtió sobre los peligros de una estatuto restrictiva. Al comparar la situación con modelos más abiertos como el de El Salvador o la tendencia presente en Estados Unidos, señaló en comentarios a este medio que una regulación excesivamente rígida suele apartar el talento y la inversión con destino a jurisdicciones con entornos más favorables.
Desde su visión, la República Dominicana posee el potencial de diversificar su posesiones más allá del turismo, siempre que se fomente un enfoque que incentive la innovación en superficie de imponer barreras burocráticas innecesarias.
