La Cámara Argentina Fintech señaló que más de 2,5 millones de argentinos usan cada mes plataformas reguladas de criptomonedas para fertilizar, economizar o modificar, advirtiendo que estas empresas enfrentan una carga fiscal desigual frente a otras firmas, a pesar de cumplir con las normativas de la Comisión Franquista de Títulos (CNV) y la Pelotón de Información Financiera (UIF).
En particular, denuncian que «el Decreto 796/2021 exime del impuesto a los débitos y créditos (IDC) a ciertos actores del sistema financiero, como los bancos ALyCs (Agentes de Abaratamiento y Compensación) y otros actores regulados, pero excluye a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que operan con criptomonedas«. Esto, a seso de la entidad, genera una penalidad fiscal para estas plataformas a pesar de que ya cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley; es sostener, valoran la regulación introducida en 2024 para los exchanges y las wallets de criptoactivos, pero argumentan que la misma aún «no ha sido acompañada por un tratamiento fiscal concorde».
La Cámara advierte que esta situación implica una decano carga fiscal para las empresas de criptoactivos y reduce los incentivos para trabajar internamente del mercado formal. Por ello, propone incluir a estas compañías en el régimen de exención del impuesto a los débitos y créditos (IDC), adicionalmente de avanzar cerca de un ámbito fiscal más original y adaptado a las monedas digitales. Desde la entidad sostienen que, en un contexto donde se rastreo promover la osado competencia de monedas —en partidura con la orientación del gobierno de Javier Milei—, «abastecer esta discriminación solo por trabajar con activos virtuales va en contra del maniquí de país que se pretende construir».
Quedó demostrado que el país puede liderar la regulación de la industria cripto. El subsiguiente paso, impostergable, es consolidar un esquema fiscal preciso y previsible. Si logramos remover estas barreras, Argentina podrá atraer más inversiones, ocasionar empleo de calidad y fomentar la innovación en áreas secreto como la tokenización de activos, la inclusión financiera y la eficiencia operativa.
Comunicado emitido por la Cámara Argentina Fintech.
En un tablado de creciente prohijamiento y demandas por decano equidad fiscal, el ecosistema de los criptoactivos en Argentina viene atravesando cambios desde hace ya varios meses. En marzo, CriptoNoticias analizó la Resolución N.º 1058/2025 de la Comisión Franquista de Títulos (CNV), la cual demanda una supervisión más estricta de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Esta norma establece reglas claras y requisitos específicos para trabajar legalmente en el país —tanto para personas jurídicas locales como extranjeras que ofrezcan servicios como intercambio, custodia o transferencia de activos virtuales—, y su eje central es la inscripción obligatoria en el Registro de PSAV.
Vale destacar que la CNV de Argentina ha comenzado a mirar con atención modelos internacionales que ya han cedido pasos decisivos cerca de una código más clara y pragmático para el sector. Durante la última tirada de MERGE, el presidente de la entidad, Roberto E. Silva, reconoció el avance significativo de El Salvador en materia de activos digitales y calificó su enfoque como «un maniquí digno de considerar y apreciar».
Observar modelos internacionales como el de El Salvador perfectamente pudiera aportar referencias enseres para el exposición de la industria en Argentina. En el caso del país gobernado por Nayib Bukele, se creó una comisión específica para el tratamiento de los activos virtuales, y se implementaron incentivos como la exención de impuestos sobre las ganancias de bitcoin para inversores extranjeros, adicionalmente de la aniquilación de gravámenes a empresas tecnológicas por 15 primaveras. Este tipo de medidas tienen el potencial para promover la innovación y certificar un tratamiento fiscal más preciso, en partidura con los objetivos de un mercado más competitivo y formal.
